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Reclamamos un aumento urgente de salarios

Reclamamos un urgente aumento de salarios, jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.
Ene, 24. 2020
Gustavo Martínez
La CTA Autónoma provincia de Santa Fe reclama un urgente aumento de salarios, jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, el pase a planta y un plan para combatir la precarización laboral y a los precarizadores. La clave: defender la instancia paritaria con una agenda amplia y sin condicionamientos. “Se ha desnaturalizado la discusión paritaria y el sentido del salario, que se parece cada día más a un subsidio para paliar una parte cada vez menor de las necesidades básicas de una familia de trabajadores”. Opinión, por Gustavo Martínez.
Según los últimos datos difundidos por quienes integran la Junta Interna de ATE en el INDEC, el salario mínimo (como piso, no como ingresos óptimos) para cubrir las necesidades básicas de una familia tipo debería ser de $55.386. El cálculo está hecho en base a cifras oficiales al 30 de septiembre de 2019, por lo que podríamos sospechar que al día de hoy se podrían estar necesitando más de $60.000.
Sin embargo, en la provincia de Santa Fe, el 70% de los salarios estatales están muy por debajo de eso y no llegan ni a la mitad, teniendo en cuenta que el mínimo garantizado, que se acordó en la paritaria 2019, es de apenas $24.000. Algo que agrava esta situación es que el 70% tampoco cobra el total del salario por el endeudamiento crónico que compromete el sueldo de los trabajadores y las trabajadoras. Esas mismas deudas llevan a que muchos ni siquiera cobren un peso de ingresos. Ejemplo de esto es el caso de quienes desarrollan tareas para la municipalidad de Villa Constitución, cuya administración no está señalada por tener excedente de personal, donde hay un tercio de trabajadores/as que tienen comprometido más de un 60% del salario por deudas y algunos de ellos no cobrarán nada por este motivo.Paralelamente, el deterioro del poder adquisitivo es escandaloso.
Los mismos informes de los compañeros y las compañeras del INDEC han dejado en claro que los y las estatales perdimos un año de salarios desde noviembre de 2015 al mismo mes de 2019. Se trata de una caída de 36,1% y la pérdida acumulada para la Categoría D0 del SINEP (convenio colectivo de trabajadores del Estado nacionales), que se ha tomado como caso testigo, para ese mismo período fue de $ 298.241. Estos datos se profundizan con gravedad en el caso de provinciales y municipales.
Estos atrasos afectan también, por supuesto, los haberes jubilatorios, las pensiones, las asignaciones, y todo tipo de ingresos de la economía social.La cláusula gatillo ha limitado en algunos momentos este deterioro, pero ha sido parte del problema y no de la solución. Es resultado de las políticas acuerdistas de las conducciones gremiales y desnaturalizó el debate necesario en la paritaria. Ahora el gobierno está diciendo que ni siquiera está dispuesto a garantizar esto.La respuesta de las organizaciones sindicales de los trabajadores en general, independientemente de su pertenencia y posicionamientos políticos, debe ser la defensa de la paritaria y de un debate sin ningún condicionamiento. Tiene que haber un piso que tome como referencia la canasta de consumos mínimos, pero tiene que tener como objetivo alcanzar un salario mínimo, vital y móvil en los términos que marca la Constitución Nacional y la legalidad vigente. Ningún dirigente sindical recibe mandato para pelear por el 50% de un salario o cualquier otro porcentaje.
El mandato de los trabajadores es salir a pelear por salario. Si uno cuantifica eso hoy, entonces ningún trabajador en Argentina debería cobrar menos de $60.000.La lógica en que nos han metido ha desnaturalizado la discusión paritaria y el sentido del salario, que se parece cada día más a un subsidio para paliar una parte cada vez menor de las necesidades básicas de una familia de trabajadores.

Una paritaria con agenda amplia

Si no hay protagonismo desde las bases, si no se multiplican las asambleas, las protestas y los reclamos desde cada uno de los lugares de trabajo, el derecho al salario digno correrá la misma suerte que vienen teniendo las asignaciones familiares en Santa Fe. Salvo honrosas excepciones, hay una vergonzosa complicidad de la dirigencia gremial con el pago de miserables sumas, como los $170 de ayuda escolar, que se empezará a cobrar en pocos días, o los $260 de salario familiar, cuando el monto a nivel nacional es 10 veces superior. La dirigencia sindical estatal de la provincia no ha sido capaz en todos estos años de democracia de hacer que el debate sobre el salario familiar se produzca en el único ámbito donde debe darse, que es la paritaria. Ya hemos visto cómo la legislatura y el poder ejecutivo han pulverizado este derecho durante todos estos años, fijando arbitrariamente los valores de las asignaciones para los trabajadores y las trabajadoras provinciales y municipales de Santa Fe.

En la paritaria, además de las asignaciones, hay otros temas a incorporar: la situación en el IAPOS y la Caja de Jubilación y la ilegalidad de la actual conducción de la Caja del Seguro Mutual. También debería avanzarse en darle participación en el debate paritario a todas las organizaciones sindicales que representan a los estatales. Y, sin dudas, con representantes de jubilados, que durante décadas han tenido que explicarle a los dirigentes sindicales que los jubilados también son trabajadores.

En los últimos días también hemos asistido a la violación de normas básicas en relación al cronograma de pago de sueldos. La gestión saliente y la entrante, a nivel provincial y en las municipalidades, han sido rehenes de la política del banco privatizado. En la paritaria y en el debate político y legislativo, debería discutirse cómo se recupera el banco provincial como herramienta al servicio del Estado y el desarrollo y no de la usura, como sucede actualmente. Esto no le quita la responsabilidad al gobierno, sino que ésta es doble, por haber permitido que la situación llegara a un punto en que el Banco de Santa Fe chantajea con intereses de usura para cumplir con el cronograma de pagos.

Hay una historia y un aprendizaje que tenemos los trabajadores: en la cuestión salarial no hay después para las patronales. Los gobiernos no se diferencian mucho a la hora de negarnos salarios dignos, condiciones de trabajo en términos legales, a la hora de la precarización o de los despidos arbitrarios, como viene sucediendo en cientos de comunas y municipalidades y también en el sector privado en la provincia. También tenemos la experiencia de un sector muy importante de la economía santafesina que para reactivarse, para salir del estado catastrófico en el que está, necesita de los salarios de los trabajadores. Este sector debería tener dirigentes con menos vocación suicida, como el que han tenido al presionar para el deterioro del salario.

La precarización es un delito

Cuando un trabajador o una trabajadora ingresa a un puesto, nacional, provincial o municipal, público o privado, existe un marco legal para cada uno de los casos. La patronal que no lo respeta está violando la ley y, por lo tanto, cometiendo un delito. Los trabajadores y las trabajadoras no deberíamos ser rehenes ni de dirigentes gremiales ni de patronales públicas ni privadas. Las organizaciones gremiales deberían denunciar ante el Ministerio de Trabajo y la justicia laboral estas situaciones. La existencia de miles de precarizados en la provincia y en los municipios y de cientos de trabajadores en negro en el sector privado exigen que haya un debate profundo y serio en las paritarias, en la legislatura, en las áreas competentes del Estado, en la Justicia y en el conjunto de la ciudadanía.

El hambre es un crimen

Con datos del primer semestre del 2019, sabemos que el 35,4% de la población argentina es pobre y un 7,7% es indigente. En total, el 43,1% no tiene satisfechas sus necesidades básicas. Es decir que más de 4 de cada 10 argentinas y argentinos tienen ingresos inferiores a los que delimitan la línea de pobreza.

Coincidimos con los discursos pre electorales que plantearon como prioridad central resolver el hambre, el desamparo y la indigencia de más del 40% de la población del país. En este contexto, es necesario tomar medidas que apunten a devolver ingresos a los sectores más postergados de la población. Una que puede ser implementada de manera inmediata como respuesta urgente a la brutal pobreza y que terminaría con el hambre en la Argentina es la propuesta de universalizar realmente la Asignación Universal por Hijo/a (AUH) y las Asignaciones Familiares y elevar su monto a la línea de pobreza para menores de 18 años, que hoy asciende a $6.699En este sentido poco han aportado 30 años de gestiones provinciales en Santa Fe, donde se cobra apenas el 10% del valor de las asignaciones nacionales.

Hoy tenemos trabajadores y trabajadoras pobres en la Argentina. Por ello la lucha por salario y la pelea contra el hambre deben ir de la mano. Porque tenemos que resolver las necesidades básicas de las mayorías, evitando la indigencia, y alcanzar salarios dignos para todos y todas.

Al salario, claramente, lo deben fijar las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras y no los caprichos de las patronales ni los ajustes de los funcionarios. Y eso, junto con los valores de las asignaciones familiares, las condiciones de trabajo, las jubilaciones y otros temas que afectan directamente a cada sector, deben debatirse en el ámbito que corresponde, que es la paritaria.

* Gustavo Martínez, Secretario General de la CTA Autónoma provincia de Santa Fe

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