Emergencia social, económica y sanitaria |

Coronavirus, disponibilidad y superpoderes

Entre la puja política y una pandemia sin precedentes, los trabajadores y las trabajadoras vuelven a ser los/as más expuestos/as ante un nuevo contexto de crisis.
Abr, 07. 2020
Comunicación CTAA Provincia de Santa Fe

Hace una semana nada más que la legislatura, en sesión extraordinaria en diputados, en un tire y afloje entre el Frente Progresista Cívico y Social y el Peronismo, aprobó uno de los más polémicos debates en pos de un presupuesto que el Gobierno Provincial de Perotti necesitaba para afrontar los gastos e inversiones durante el 2020.

Pero nadie preveía una situación como la que vivimos hoy a nivel mundial, que trastocó en profundidad los parámetros normales de la globalización. Pasamos de la etapa de la precarización y explotación laboral a una situación de emergencia en la que todas y todos hablan más con los deseos puestos de vivir en un mundo mejor, sin recetas a la vista en lo inmediato. Es un tiempo donde los interrogantes predominan.

Volviendo a las disposiciones generales que se establecieron para poner en funcionamiento el Estado provincial –luego de estar prácticamente cerrado en el mes de enero, apenas funcionando en el mes de febrero y sin resolver después de 37 años de democracia las paritarias, salarios, asignaciones familiares y condiciones de trabajo, tanto para el sector público como en el privado– no quedan dudas de que la prioridad en la política hoy está íntimamente relacionada con el virus, nueva fase de la globalización. En Santa Fe esto se caracteriza por un Estado con más control dándole al gobernador plenos superpoderes.

Aquí nos debemos detener en algunas cuestiones que no podemos soslayar y que hay que prestar mucha atención: los decretos y leyes que entraron en vigencia antes y después del coronavirus.

En materia de lo público, queda claro que una vez más los patos de la boda son los trabajadores: el Decreto 277/2020 establece la disponibilidad de todo el personal de la Administración Pública para la modalidad del servicio esencial y no esencial.

Esa disponibilidad, y es así como debe entenderse, se da en el marco de una paritaria inconclusa y con la ley de necesidad pública aprobada, lo que habilita a que los agentes estatales cuyos cargos o funciones se consideren críticas perciban el pago de asignaciones no remunerativas. Nuevamente con la crisis sobre el cuello, quienes pagan la crisis son los y las laburantes. Aquellos/as que día a día trabajan sosteniendo la política y siendo el principal sostén de la economía.

Una vez más como en otros contextos económicos, más allá de que en materia sanitaria, social y educativa haya sido aprobada una ley para garantizar millones de pesos para que el Estado funcione, no se ve ni en lo inmediato ni a largo plazo que parlamentarios y funcionarios se preocupen por los millones de dólares que salen de la provincia de las grande empresas ligadas a las agro exportadoras, que obtienen ingresos y ganancias siderales que superan holgadamente el presupuesto 2020 del Estado Provincial.

Según los contenidos de la ley de necesidad pública 13977/20 (en vigencia a partir del 7 de abril hasta el 31 de Diciembre), el Estado provincial va a funcionar priorizando lo social, alimentario, sanitario, contrataciones públicas, la cuestión financiera y la seguridad. Estamos obligados a subrayar que la realidad precaria de los salarios santafesinos no fueron, y no serán en esta oportunidad, prioridad del Gobierno.

Dejamos para otro momento las declaraciones del Gobernador Omar Perotti sobre la puesta en vigencia de la emisión de cuasi monedas, que nos vuelve a interrogar sobre quiénes somos los que perdemos en tiempos donde la sociabilidad en las calles se encuentra en su punto más aislado.

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