Pandemia |

Coronavirus, represión y despidos

En el marco de la pandemia se profundizaron problemáticas que el Coronavirus no debe (ni puede) tapar. Desocupación, pobreza, precarización y estigmatización de quienes menos tienen, entre ellas.
Abr, 13. 2020
Comunicación CTAA provincia de Santa Fe

El miércoles previo a semana santa la CTA Autónoma de la provincia de Santa Fe publicó un informe realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el que se advertía sobre la realidad del empleo a nivel mundial y en particular sobre la perspectiva del empleo en Argentina hacia fin de año.

Las cifras, más que alarmantes, dan cuenta de una realidad que se proyecta en función del Producto Bruto Interno (PBI), cuya caída se estima cercana al 5%, y en una pérdida de alrededor de 350.000 empleos hacia fin de año.

Las medidas de contención se expresaron en ayudas sociales a los sectores más golpeados por las políticas económicas neoliberales de la era Macri. Éstos recibirán una ayuda extraordinaria y, según evolucione la pandemia, puede que siga para quienes perciben Asignaciones Universales por Hijo y para embarazadas y sobre todo para quienes hoy todavía se encuentran sin empleo. En el mismo sentido funcionan el pago a jubilados/as y pensionados/as y los créditos a las PYMES para afrontar pagos de salarios.

La semana pasada también se confirmó la continuidad del aislamiento preventivo, priorizando la salud pública por encima de todas las actividades que motorizan el funcionamiento de la economía. Pero no podemos dejar de nombrar algunos abusos patronales en empresas de bienes y servicios. La represión a los trabajadores del frigorífico Penta, de la ciudad de Quilmes, o las denuncias de los trabajadores vinculados a la actividad gastronómica y a la metalúrgica y los abusos policiales en los barrios populares de las grandes ciudades son huellas de un neoliberalismo en terapia intensiva en todo el mundo.

Hay algunos interrogantes que debemos seguir pensando en el inicio de esta nueva etapa. No debemos olvidar que el mundo del trabajo sigue cayendo producto de no aplicar estrictamente los diversos convenios colectivos, que en los últimos cuatro años apenas pudieron discutir sus pérdidas frente a la inflación imperante. Si no se perdió más aún fue por el desarrollo de la política sindical y su alto nivel de organización e incidencia en el mundo del trabajo.

En los últimos 30 años, desde los fatídicos ‘90 hasta la recuperación y caída de los convenios colectivos pasada la crisis del 2001, el debate sobre la democracia sindical estuvo en el epicentro de la agenda social, obligando a gobiernos liberales a retroceder en intentos aún más osados para flexibilizar a ultranza el trabajo. Por ello debemos seguir insistiendo en nuestra estrategia de pulverizar la precarización laboral en todos los ámbitos.

En resumidas cuentas, la lucha por la libertad y democracia sindical fue creciendo y visibilizándose en cada conflicto en donde miles y miles de trabajadores fueron luchando contra viento y marea.

Quienes más tienen

En Argentina la pobreza llega al 40%. Los días pasan, la pandemia continúa y las soluciones parecen ser más lentas aún que en tiempos de “normalidad” de la vida cotidiana. Legislar sobre quienes deben pagar esta crisis para cambiar radicalmente la distribución de la riqueza es, entre tantas necesidades, dar lugar al precepto constitucional que la salud no solo es un bien social sino un derecho adquirido.

Tal como dejan claro los informes del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyP), coordinado por el Director del Banco Nación, Claudio Lozano, las propuesta legislativas que intentan poner en debate, desde la izquierda y centro izquierda, para que paguen los que más tienen son indispensables para dar lugar a esa agenda tan postergada. Hoy, dada la situación mundial, es más que una salida política

En Santa Fe, quien viene pregonando esta posición desde años es Carlos Del Frade. Los datos de desocupación en la provincia son altos, sobre todo en las grandes ciudades. Y, a la par, las ganancias de los agros exportadores, que tienen nombre y apellido, también son datos elocuentes que indican a quiénes hay que hacer pagar si queremos realmente salir de esta crisis. Sobre todo si pretendemos que la historia no se repita en una tragedia constante.

Las medidas necesarias

La estatización del banco de la provincia, el impuesto a las agro exportadoras, la puesta en marcha de programas para subsidiar a las pequeñas y medianas industrias, el pago de salarios en blanco a los estatales, el apoyo para el desarrollo de cooperativas de trabajo vinculadas a la economía social, entre otras medidas, permitirían recuperar un Estado que ha quedado relegado en su función social. Esa debe ser una prioridad si queremos superar esta crisis más allá de la parálisis económica que la emergencia sanitaria puso en el camino.

Queda claro que la pandemia puso el debate del Estado en el centro de la escena. Pero la casa de este país sigue pendiendo de un hilo. La pobreza es un dato que las prácticas peligrosas de las fuerzas de seguridad aprovechan para seguir funcionando con arma en mano. En Rosario se multiplican las denuncias de abusos en los barrios. Por ejemplo, el pasado 7 de abril la policía de la provincia obligó a salir de sus casas a jóvenes que buscan ponerle destino a su vida con el programa nueva oportunidad.

Las huellas de la estigmatización condenando a los pobres siguen su marcha y estamos lejos de resolverla si no se avanza inmediatamente en un fondo de emergencia social con recursos provenientes de los que más tienen. Estas problemáticas siguen siendo parte de la agenda social y el coronavirus, que las ha profundizado, no debe (ni puede) tapar todo.

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