Declaración |

Somos quienes movemos el mundo

La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma de la provincia de Santa Fe, se expresa ante lo que se hizo y lo que falta en el marco del aislamiento obligatorio y la situación de la clase trabajadora. Pide audiencia con las autoridades santafesinas.
Abr, 24. 2020
CTAA provincia de Santa Fe

1. La clase trabajadora ante la incertidumbre

Tras un mes de aislamiento social preventivo y obligatorio como medida de protección de la población ante el COVID-19, los trabajadores y las trabajadoras y el pueblo en general vivimos tiempos de incertidumbre y mucho temor por el porvenir.

Hoy, amplios sectores se encuentran prácticamente sin ingresos debido a la imposibilidad de salir a trabajar, sobre todo aquellos de la economía informal. Muchos otros han perdido su trabajo o tuvieron reducciones salariales y suspensiones o ven cómo pende de un hilo su continuidad laboral. En el medio, una gran parte del sector declarado esencial trabaja en condiciones precarias que, aunque se venían denunciando de largo tiempo, hoy se hacen visibles de la forma más dura: con la falta de materiales de protección, con la insuficiencia salarial, con menores derechos laborales. A todas las trabajadoras y a todos los trabajadores hoy se nos hace palpable que somos quienes movemos el mundo, que sin nuestro trabajo no se sostiene ninguna economía.

En este marco, los gobiernos de la región han tomado medidas diversas. En Argentina se ha implementado un importante paquete de medidas, por un lado aquellas que tienen que ver con la regulación del aislamiento y por el otro las que pretenden atenuar las consecuencias económicas, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), los subsidios para pagar salarios, los créditos blandos a empresas, la prohibición de despidos, etc. Estas políticas dan cuenta de la importancia de la intervención del Estado para paliar los golpes de esta crisis. Una vez más, asistimos a la confirmación de la importancia del rol del Estado en las políticas públicas, como un espacio desde el cual se pueden garantizar derechos a través de la seguridad social.

Desde la CTA Autónoma provincia de Santa Fe consideramos que estas medidas son fundamentales en este contexto. Y para financiarlas, para poder generar las condiciones para su sostenimiento en el tiempo y permitir una salida que no paguemos los trabajadores y las trabajadoras, se hace necesario, como venimos repitiendo, que aporten quienes más tienen. Es necesario establecer un impuesto a las rentas extraordinarias a las grandes fortunas y las principales empresas.

En consonancia, también es preciso la investigación de la deuda externa y dejar de pagar a los acreedores de bonos y al Fondo Monetario Internacional (FMI) sin ningún tipo de condicionalidades. Algo absolutamente fundamental en el camino de iniciar un proceso de recuperación de la economía, que ya era necesario antes de esta pandemia y que, en este contexto, se vuelve imprescindible.

Esta claro que el rol de los sindicatos y las centrales obreras y de los trabajadores y las trabajadoras en general es ponerse al frente de estos reclamos y de todos los que sean necesarios para que esta crisis no recaiga sobre nuestras espaldas.

2. Paritarias

A raíz de la emergencia sanitaria se han suspendido las negociaciones paritarias en todo el país y en todos los sectores. Un hecho inédito desde que se restablecieron los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) en 2004 y que no sucedía desde la crisis de 2001, a la que se llegó tras 10 años con pocos convenios. Además, desde 2008 el salario viene en caída, con importantes pérdidas del poder adquisitivo, situación que se agravó en los últimos cuatro años. Ahora, mientras las paritarias están paralizadas, el costo de la vida aumenta cada día, tanto los precios de los alimentos esenciales como otros gastos y, sobre todo, los alquileres.

Como si esto fuera poco, recibimos con preocupación las ideas que deslizan funcionarios del gobierno de Santa Fe. La peor de ellas: poner en duda el pago de salarios a estatales o plantear la posibilidad de volver a emitir cuasimonedas para abonarlos, tal como sugirió el ministro de Economía, Walter Agosto. Todo esto teniendo en cuenta que la ayuda que Nación anunció para las provincias resultará insuficiente.

Ante las declaraciones de afrontar con dificultad el pago de sueldos, hay quienes se preparan para acordar entre gobierno patronal y «dirigentes» gremiales sumas insuficientes en detrimento de la salud, precarizando más nuestros derechos, aceptando que se posponga la herramienta central y presencial de las paritarias. Y no sólo eso, sino que también salen a respaldar al gobierno y a pedirle a los trabajadores y las trabajadoras que no reclamen salarios.

3. Sindicalización y ámbitos de negociación

El de la paritaria debería ser el ámbito en que se discutan también las condiciones de trabajo, hoy alarmantes en los sectores declarados esenciales (tanto en salud como en la industria que sigue andando). Es allí donde debería debatirse el rol de las ART en el marco de la pandemia y la importancia de poner en práctica y desarrollar concretamente los Comités Mixtos de Seguridad e Higiene en cada lugar de trabajo.

Destacamos como un avance el reconocimiento del COVID-19 como una enfermedad profesional, lo que obligará a las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) a cubrir a las trabajadoras y los trabajadores que se enfermen al cumplir tareas en el marco de la pandemia. Pero también hemos dicho que si el Estado no ejerce el poder de policía las empresas no cumplirán, acostumbradas como están a lucrar con la salud de quienes vivimos de nuestro salario. No es menor que las ART hayan tenido ganancias exhorbitantes desde que fueron creadas, en 1995, pero jamás trabajaron los accidentes y enfermedades laborales con carácter proteccionista y preventivo.

En este contexto, debemos revalorizar el fundamental rol de la sindicalización en un país donde sólo el 39% de los trabajadores y las trabajadoras formales están afiliados/as a alguna organización. Como decía el compañero y dirigente de ATE y CTA Jorge Acedo, “los trabajadores podemos elegir presidente, gobernador, intendente, diputados, pero no podemos elegir delegados en nuestro lugar de trabajo”. Hoy se revaloriza esa representación por la necesidad de la clase de tener instancias de defensa de sus derechos laborales.

Uno de esos derechos, hoy desestimado, que debería también ponerse en valor, son los Comités Mixtos de Seguridad e Higiene, donde participen los cuerpos de asesores de los gobiernos, la patronal y los trabajadores. En la provincia de Santa Fe la existencia de una ley que los regula es una enorme oportunidad en el marco de la pandemia.

4. Ayuda social y represión en los barrios

Las medidas de los gobiernos para paliar las necesidades alimentarias y la ayuda social para pequeños emprendimientos ha sido de gran valor para muchas familias de los barrios populares. Pero no podemos perder de vista que prácticamente son una curita para intentar calmar el dolor de una fractura expuesta.

Vivimos en un país que, antes de la pandemia, deba cuenta de que más de un tercio de su población es pobre (35,5%) y un 8% es indigente. Esa pobreza habita barrios sin condiciones mínimas de dignidad, sin servicios esenciales y sin acceso a derechos básicos. En las principales ciudades del país y de la provincia de Santa Fe hay barrios enteros sin acceso a agua potable, por ejemplo. Un recurso cuya necesidad hoy se vuelve extrema, tanto para la limpieza que exige la prevención del coronavirus como por el riesgo que implica su acumulación en relación a otra enfermedad con menos prensa pero con mucho más riesgo en nuestro territorio: el dengue.

En esos barrios, también viven numerosas comunidades de pueblos originarios, cuyas condiciones de vida se ven aún más agravadas. Pero nada se ha hecho por parte de todos los gobiernos para cuidad la vida y la salud de estas comunidades.

Sin embargo, allí sí llegó la cara más conocida del Estado para los sectores populares: la represiva. Las fuerzas de seguridad parecen haberse ensañado en los barrios más humildes, persiguiendo a quienes tienen, justamente, menos posibilidades de cumplir con el aislamiento obligatorio, tanto por sus condiciones habitacionales (muchas personas compartiendo viviendas precarias) como por sus condiciones laborales que les obligan a salir a rebuscarse un mango que no aparece.

Consideramos imperioso que se tomen medidas que atiendan las necesidades más urgentes de los barrios populares, que resuelvan problemas estructurales que atentan contra su calidad de vida y que garanticen la salud y la alimentación de la población. Además, es necesario que el Estado esté presente con políticas de cuidado real y no con persecución, represión y abusos de las fuerzas de seguridad.

5. Las múltiples violencias

A cuento de que somos las mujeres las que padecemos más la pobreza, la informalidad y la precarización laboral, de que somos a quienes se nos han hecho obligatorias las tareas de cuidado (hoy multiplicadas por la estancia constante en el hogar, desde donde se desarrolla el trabajo y el cuidado de hijas e hijos), quienes en muchos casos somos jefas de hogares monoparentales y la mayoría en los sectores de trabajo más expuestos al COVID-19 (salud y asistencia social de todo tipo), es lógico que la crisis nos golpee doblemente.

Además de todo este panorama, la violencia de género no ha cesado, sino más bien todo lo contrario. Su cara más visible, los femicidios, han mantenido su tasa de terror durante la cuarentena, contabilizándose por lo menos 24 asesinatos de mujeres por su condición de tales en los poco más de 30 días que llevamos de aislamiento.

A la par, se han recrudecido también todos los tipos de violencia hacia las mujeres y disidencias, incluidas la psicológica, la verbal y la física. Y esto no sólo en el ámbito doméstico, sino también en el institucional. Se multiplica tanto la represión de las fuerzas de seguridad (basta ver las denuncias de mujeres que crían solas por la persecución que sufren por tener que salir con sus hijes, sin tener alternativas de ningún tipo; o los hechos aberrantes contra travestis) como la violencia obstétrica, ya que la pandemia parece deshabilitar leyes vigentes y recomendaciones nacionales e internacionales sobre la atención de embarazos y partos.

Hasta ahora, más allá de difundir números telefónicos de asistencia, la contraseña del barbijo rojo y algunos videos, ningún gobierno ha tomado medidas concretas para prevenir las múltiples violencias que sufrimos y paliar algunas de las situaciones que afectan especialmente a las mujeres y disidencias en el marco de la pandemia. Es urgente y necesaria la implementación de políticas en este sentido.

6. Somos quienes movemos el mundo

Como CTA Autónoma de la provincia de Santa Fe exigimos a cada nivel de gobierno que arbitre todo lo necesario para que esta crisis no recaiga sobre las ya golpeadas espaldas del pueblo trabajador. En particular, les pedimos al gobernador, Omar Perotti; a la vicegobernadora, Alejandra Rodenas; al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roberto Sukerman; a la ministra de Educación, Adriana Cantero; al ministro de Salud, Carlos Parola; y al ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, una audiencia donde dialogar sobre los temas aquí planteados.

En síntesis, la clase trabajadora y el pueblo sabemos de enfrentar crisis, luchando para que no seamos nosotros/as quienes paguemos el precio. Esta no es la excepción. Tenemos la certeza de que somos quienes movemos el mundo. Tenemos en claro cuáles son las líneas de acción que deben tomar los gobiernos para garantizar los derechos de toda la población. Estamos convencidas/os de que el rol del Estado es fundamental para encarar el proceso de recomposición de la economía y la vida en general durante y luego de esta pandemia. Está en nuestras manos y es nuestro deber histórico estar a la altura de las circunstancias.

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