Derechos Humanos |

Hoy es el Día contra la Violencia Institucional

Fue instaurado en 2013 por ley nacional, recordando la Masacre de Budge. Plantea un alerta ante las violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad.
May, 08. 2020
Comunicación CTAA provincia de Santa Fe

El 8 de mayo de 1987, en la conocida “Masacre de Ingeniero Budge”, fueron asesinados los jóvenes Oscar Aredes, Agustín Olivera y Roberto Argarañaz por efectivos policiales. Fue uno de los primeros casos de gatillo fácil que generó movilización y organización barrial ante la impunidad policial y judicial. Así, se recuperó la trayectoria de lucha de los organismos de derechos humanos históricos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

En memoria de aquellos hechos y de los cientos de jóvenes asesinados por fuerzas policiales, la Ley Nº 26.811, promulgada en enero de 2013, estableció el 8 de mayo como el “Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional”.

La legislación instruyó a ese día con el objeto de recordar las graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad, promoviendo la adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los derechos humanos.

En aislamiento también

Desde que comenzó el Aislamienso Social Preventivo y Obligatorio, no faltaron las denuncias de violencia institucional por parte de las fuerza de seguridad, sobre todo en las barriadas populares.

Desde la CTA Autónoma de la provincia de Santa Fe, repudiamos estos hechos y trabajamos para prevenir y erradicar la violencia institucional. En particular, los últimos días hemos difundido casos preocupantes que nos incluyen directamente.

Uno es el sucedido este jueves en el barrio Toba de Rosario, en donde la policía provincial realizó un allanamiento ingresando a las viviendas de un pasillo, generando destrozos y hasta robos, sin que se conozcan los motivos del operativo.

Por otro lado, desde Villa Constitución han denunciado el caso de Pablo Acosta, un joven con esquizofrenia que fue brutalmente golpeado por la policía.

Además, la Asamblea de Derechos Humanos de esa ciudad, de la que la CTAA forma parte, emitió un comunicado por la estigmatización que promueven los medios locales ante hechos de estas características. Lo reproducimos a continuación.

COMUNICADO Al RESPECTO DE LA ESTIGMATIZACIÓN PROMOVIDA POR LOS DIARIOS LOCALES

Desde la Asamblea de Derechos Humanos de Villa Constitución (A.DD.HH.V.C.) queremos exponer la irresponsabilidad ética con la cual se difunde información desde los medios hegemónicos villenses. Observamos que en coberturas relacionadas con ciertos acontecimientos, como los ocurridos recientemente en Barrio 9 de julio, éstas pasan por alto los marcos legales de nuestra Constitución Nacional y de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos que fueron incorporados en nuestro país.
Este modo de proceder, violando la vida privada de las personas, vulnerando y poniendo en riesgo la integridad de las mismas -ya sea que pasen por procesos judiciales o no-, estigmatizándolas, exponiendo sus datos personales, sólo crea y/o refuerza una imagen violenta y peligrosa, principalmente cuando se trata de quienes pertenecen a los sectores sociales más desprotegidos en materia de Derechos Humanos.
Como resultado, se generan mediante la opinión pública graves consecuencias sociales como la discriminación y la justificación de actos ilegales, tales como la represión ilegal de las fuerza de seguridad, justicia por mano propia (linchamientos), alimentando la violencia y el odio entre vecinos, en vez de colaborar con el lazo social y la intervención del Estado y el Poder Judicial.
En el país de los postulados de la memoria, la verdad y la justicia y del NUNCA MÁS, repudiamos estos actos que crean estereotipos de enemigos internos.
Entendemos que la difusión de prensa debería ser considerada una práctica profesional ética y responsable políticamente, que tienda, por lo tanto, a promover el bienestar social y ciudadano.
Llamamos a los responsables a reflexionar profundamente sobre el rol que ocupan dentro de la sociedad e instamos al cese de estas prácticas ilegales, en cumplimiento con sus deberes bajo las normativas legales vigentes en la República Argentina.

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