Rafaela |

Insisten con desplazar a trabajadores informales del relleno sanitario

Sigue el conflicto por el desplazamiento de unas 60 personas trabajadoras del relleno sanitario de Rafaela. Van unos largos siete meses de reclamo, en los que la Municipalidad de Rafaela no brinda una alternativa.
Oct, 14. 2020
Comunicación CTAA provincia de Santa Fe

Este martes, 13 de octubre, se realizó una nueva reunión de comisión en el Concejo Municipal de Rafaela. Allí la Secretaria de Ambiente y Movilidad de la Municipalidad, María Paz Caruso, reafirmó la postura del Poder Ejecutivo Municipal de dejar sin ingresos a unxs 60 trabajadorxs y sus familias en medio de la pandemia del coronavirus. Desde el Concejo Municipal preparan una mesa de trabajo para resolver el conflicto laboral con representantes de distintas áreas.

De este encuentro participaron lxs concejales Germán Bottero UCR, Alejandra Sagardoy UCR, Leonardo Viotti UCR, Lisandro Mársico PDP, Marta Pascual PDP, Miguel Destéfanis PRO, Raúl Bonino PRO, Juan Senn PJ, Brenda Vimo PJ y Jorge Muriel PJ. Por el Poder Ejecutivo Municipal en representación de la Gestión de Luis Castellano participó la Secretaría de Ambiente y Movilidad, María Paz Carusso y medios de prensa de la ciudad.

Claudia Almaraz representante de la Agrupación de reciclado Luz de Esperanza CTAA expresó: «Le repetimos a María Paz que queremos volver a nuestro lugar de trabajo, es mentira que no hay lugar para todxs, en este tiempo que no estamos en el relleno aprovechan para hacer entrevistas e ingresar nuevas personas en las cooperativa a costa de corrernos a nosotrxs». A su vez agregó que «es una tomada de pelo a nosotrxs como ciudadanxs de Rafaela de venir a pedirnos que modifiquemos las legislaciones o los convenios del municipio cuando ese es su trabajo, para eso ocupan los lugares que ocupan para buscar una forma de que podamos volver a trabajar pero acá por lo visto la negativa es total y no ofrecen ninguna modalidad alternativa, que lxs concejales vean la postura que están teniendo».

Hugo Acuña representante de CTAA expuso que «acá hay un problema que subyace que es que hay un sector de la economía que no está reconocido ni por el sistema, ni por la sociedad, ni por el Estado por lo visto que es quien debería brindar una solución. Es importante decir esto porque por más que no se reconozca esa economía está presente y cada vez más se va a expresar porque con la crisis que estamos viviendo y la postura del Estado se está configurando una nueva sociedad de pobreza, digna muy digna, pero pobre y en estas decisiones está la postura de que se vulneren al máximo los derechos de los sectores más humildes».

Por su parte Mauricio Aguilera, de la CTAA afirmó: «mucha insensibilidad de la funcionaria pero entiendo que acá hay una decisión política que es la misma de siempre, que es la de no reconocer derechos y la de funcionar con mucha arbitrariedad. Quieren aplicar una ordenanza de hace 14 años atrás según dice María Paz, ordenanza que se acuerdan ahora que existe y no al principio del conflicto, tampoco nos dicen cual es el numero de la ordenanza ni el articulo, no la conocen siquiera concejales del oficialismo. Se trata de una excusa porque si este problema sale ahora tranquilamente podrían esperar seis meses más, tan regidos a ley que están para algunas cosas si y otras no».

Recorrida con concejalxs

Al finalizar la reunión se estableció un nuevo encuentro y una recorrida en el relleno sanitario que se realizó esta mañana. Allí participaron representantes del Concejo Municipal, de la Municipalidad de Rafaela, trabajadorxs del relleno sanitario afectados y delegadoxs de la CTA Autónoma.

“Lo que lxs compañerxs querían demostrar era que en su zona de trabajo, que es lejos de donde se desarrollan las cooperativas, hay material que ellos puedan separar para reciclar. Eso quedó en claro y fue constatado por lxs concejales. Sí plantean que es peligroso e inseguro subirse a la montaña de basura. El tema es que el material al que se quiere acceder se compacta, se le tira tierra arriba y queda ahí cuando podría reciclarse”, informó Aguilera.

“La disputa es para que les permitan ingresar al lugar, como fue hasta el 20 de marzo, que con la pandemia fueron más estrictos con los ingresos y quien no tiene permiso no puede hacerlo. Así dejaron sin medios de subsistencia a 60 familias, algo de una insensibilidad enorme en medio de una pandemia global”, recordó.

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