El Cordón contra el ajuste y el Fondo Monetario

Por Comunicación CTAA* | En la tarde del jueves, una importante movilización recorrió las calles de Fray Luis Beltrán. Convocada por la Multisectorial del Cordón Industrial la marcha se pronunció  contra la Reforma Laboral, los tarifazos, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los despidos en la región.

El sur de Santa Fe se encuentra golpeado por la pérdida de empleo en diversos sectores, tanto en el ámbito público como privado. El acuerdo con el FMI y la reforma laboral en ciernes, sumado al veto a la ley que se propuso limitar los incrementos de tarifas, plantean en panorama sombrío para quienes viven del trabajo propio.

Como parte de iniciativas multisectoriales que se van replicando en diversas zonas, un conjunto de organizaciones entre ellas la CTA Autónoma y ATE Rosario – Delegación San Lorenzo, conformaron un espacio de unidad. En el denominado Cordón Industrial los casos de Oil Combustibles, Ar-Zinc, Fábrica Militar, ex Porcelanas Verbano entre otros conflictos, ponen en jaque la economía regional.

Dos columnas partieron cayendo la tarde del jueves: una desde Ar-Zinc y otra desde Verbano, confluyendo tras una caravana en un acto frente a Fabricaciones Militares, donde se leyó un documento unitario que expresó el “total rechazo a la política económica que  está implementado el Gobierno Nacional”.

“La reforma propuesta por el gobierno de Cambiemos, con la derogación o modificación sustancial de diversos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, supondrá barrer con derechos adquiridos durante décadas y reconocidos por gobiernos de distinto color político en años de la democracia. Los tres proyectos avanzan sobre los derechos laborales con tercerización, flexibilización y precarización, reducción de costos laborales mediante la baja de contribuciones patronales e, indemnizaciones y trabas a juicios, con lo cual se constituye en una reforma pro mercado”, planteó el texto leído por referentes de diversos sectores.

Para la Multisectorial, el gobierno de Macri tomó medidas que sólo han beneficiado a los sectores concentrados y especulativos de la economía, mientras que afectan a las PYMES de capitales nacionales, el comercio y los emprendedores locales. Denunciaron también el “endeudamiento irresponsable y el déficit de las cuentas públicas para financiar la timba financiera y desregular la economía nacional”.

En el panorama de ajuste, los y las manifestantes plantearon la necesidad de inmediata reapertura de las paritarias y aumento de emergencia a jubilados, desocupados y precarizados, la anulación de la reforma laboral, el cese a los despidos, la oposición del Pacto Fiscal “firmado por los Gobernadores que en complicidad con Cambiemos”, la rectificación de los tarifazos, la aprobación de la Ley de emergencia alimentaria y de la Ley por el aborto legal, seguro y gratuito, entre otros ítems. Además expresaron su oposición a la CUS, al acuerdo con el FMI, a la reforma educativa y el vaciamiento de diversos organismos del Estado Nacional.


Documento Completo

Compañeros y compañeras en el día de hoy diferente organizaciones sociales, gremiales y políticas, en este acto unitario,  queremos expresar nuestro total rechazo a la política económica que  está implementado el Gobierno Nacional.  Estas  atentan contra bienestar de los sectores más vulnerables y de la clase trabajadora. por eso decimos…

 REFORMA LABORAL: ¿QUÉ ES, a quiénes beneficia y a quiénes perjudica?

De la reforma previsional votada en diciembre pasado contra los jubilados, pasamos ahora al nuevo intento de avanzar contra los trabajadores con tres proyectos de ley de reforma laboral. En el medio, se apilan los pequeños productores, las pymes y los pequeños comerciantes que ven cómo día a día se derrumba su actividad

La reforma propuesta por el gobierno de Cambiemos, con la derogación o modificación sustancial de diversos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, supondrá barrer con derechos adquiridos durante décadas y reconocidos por gobiernos de distinto color político en años de la democracia.

Los tres proyectos avanzan sobre los derechos laborales con tercerización, flexibilización y precarización, reducción de costos laborales mediante la baja de contribuciones patronales e, indemnizaciones y trabas a juicios, con lo cual se constituye en una reforma pro mercado.

Se afirma que la reforma favorecerá la creación de puestos de trabajo pero los efectos son los contrarios, ya que se facilitarán los despidos y se reducirán los costos por hacerlo. Es improbable que la transferencia de ingresos desde el trabajo al capital redunde en mayores empleos, del mismo modo que las reformas laborales de los noventa, con lineamientos similares, fueron contemporáneas a una mayor desocupación.

Pero es evidente que una reforma de tal magnitud viene a favorecer a los sectores más concentrados de la economía, entendiendo que los empresarios buscan maximizar beneficios, y que no importa para ello recortar derechos.

 PRINCIPALES ASPECTOS DE LA REFORMA

Ante el reclamo de trabajador no registrado para ser “blanqueado”, las multas correspondientes que hoy percibe el trabajador pasarían a ser cobradas por la ANSES, y se elimina el pago de doble indemnización en caso de despido. Además, condona y exime de multas y aportes a los empleadores que se incorporen al blanqueo (importes que deja de percibir el sistema previsional).

Al regularizar un trabajador no registrado, el tope máximo de tiempo de antigüedad a tener en cuenta serán 60 meses de servicios con aportes calculados sobre un monto mensual equivalente al salario mínimo vital y móvil vigente, que no será considerado para el cálculo jubilatorio.

La actual prohibición de renuncia de derechos (la ley supone que al estar en inferioridad de condiciones nunca sería completamente voluntaria tal opción) se deroga, permitiendo que se pacten condiciones diferenciales a través de los convenios colectivos de trabajo. Con la aprobación de dichos Convenios por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación (que hoy defiende exclusivamente los intereses de los empleadores) se pierde el derecho a reclamar judicialmente.

La indemnización por despido sin justa causa actual, que se calcula tomando como base todos los conceptos que integran el salario (bonificaciones, premios, horas extra), pasa a determinarse tomando únicamente el salario sin esos adicionales ni el proporcional de aguinaldo.

Se crea el Fondo de Cese Laboral, hasta ahora la indemnización estaba a cargo del empleador, con el nuevo fondo común al que aportarán todos los empleadores. Indirectamente, al no salir ese costo directamente del patrimonio del empleador, se facilita el despido, se promueve la inestabilidad laboral, y se debilita la posición del trabajador para reclamar lo que le corresponde u oponerse a una negociación colectiva que lo perjudique.

El Instituto Administrador del Fondo de Cese Laboral tendrá la facultad de intervenir sus fondos en bancos habilitados, de igual manera podrá hacerlo con las indemnizaciones de los trabajadores despedidos sin causa. Esto es sencillamente poner en la timba el dinero de un nuevo desocupado.

Se crea además una Agencia Nacional que pasará a definir cuáles son las prácticas que obligatoriamente deben reconocer las Obras Sociales. Si la Agencia no incluye una práctica, se pierde el derecho a reclamar judicialmente su cobertura.

Se crea una modalidad de trabajo precario y transitorio bajo la forma de Contratos de Formación (Sistema de Prácticas Formativas), que permitirán a jóvenes graduados realizar prácticas rentadas con una asignación estímulo (símil pasantías) durante un año. Esto, sumado a la facilitación y reducción de costos de los despidos, genera una precarización del trabajo estable y de los trabajadores de mayor antigüedad.

 ¿Por qué nos oponemos a la reforma?

El gobierno de Macri tomó medidas que, objetivamente y de manera documentada, sólo han beneficiado a los sectores concentrados y especulativos de la economía, mientras que las PYMES de capitales nacionales, el comercio y los emprendedores locales sufren las medidas y ante ello, muchos se rinden. El Pacto Fiscal firmado con los Gobernadores, es una de esas medidas tomadas por Cambiemos.

El endeudamiento irresponsable y el déficit de las cuentas públicas para financiar la timba financiera y desregular la economía nacional, ha llevado al gobierno a aplicar la conocida, cruel e injusta “receta del ajuste”, donde la clase media y los sectores humildes y trabajadores hacen los sacrificios para que los ricos sigan siendo cada vez más ricos. Porque “un par de poderosos juegan al truco con los porotos del pueblo”.

Y porque creemos que el gobierno debe estar a favor de mejorar las condiciones de vida de los sectores trabajadores y asalariados que contribuyen cotidianamente a hacer funcionar la economía del país, es que nos oponemos a estos proyectos de Reforma Laboral.

Los trabajadores de fabricaciones militares denunciamos el sistemático vaciamiento y desguace de las mismas, que ha llevado al cierre como FANAZUL y los despidos en las distintas plantas. Recordemos la insensibilidad del gobierno nacional despidiendo 35 trabajadores a pocos días de la navidad pasada. Actualmente FM FLB está funcionando con falta de insumo, materia prima de baja calidad y la incertidumbre de la amenaza de nuevos despidos, que prometen ser numerosos. Denunciamos persecuciones y las mentiras constantes por parte de jefatura.

En esa línea de ajuste y despido, apenas asumió Macri, el cordón industrial sufrió el Cierre de la firma ArZinc, dejando 450 familias en la calle. Afectando la economía de la ciudad, en especial de los pequeños comerciantes.

¿QUE HAY DETRÁS DEL VETO A LAS TARIFAS?

La decisión express presidencial no hace más que ratificar qué intereses defiende Macri y su grupo de CEO’s empresarios, que no creen en la política, la democracia ni el bien común.

En el marco del debate de la Ley de Readecuación de Tarifas, el oficialismo expresó que si no la vetaba, tendría que compensar a las empresas en unos 115.000 millones de pesos, lo cual constituía a la votación legislativa en el relato del gobierno, un acto irresponsable de parte de la oposición política. Vale la pena aclarar que el impacto fiscal previsto por la Ley era mucho menor al que argumentó el gobierno nacional. Pero, incluso siendo ciertos esos números del oficialismo, no podemos olvidar que los argentinos pagamos hoy 800 millones de pesos por día para satisfacer el apetito de la timba financiera. Con lo cual, el alivio en las tarifas que se votó en el Congreso y el presidente veta, hubiera sido un vuelto, comparado con esa verdadera hemorragia de recursos públicos que es hoy el pago de las Lebac.

En relación a esto conviene hacer una serie de aclaraciones, que van más allá de los comentarios superficiales que suelen escucharse para justificar las posiciones que han estado en juego en torno a esta controvertida ley.

En primer lugar, el subsidio que pagaría el Estado surge de la diferencia entre el precio de referencia que se acordó con las empresas del sector de generación de energía y los valores tarifarios que pagamos los usuarios. La ley aprobada la  semana pasada, abordaba las tarifas desde la lógica de un servicio público. Tarifas justas y razonables, con ganancias normales para las empresas. Ahora bien: ¿De dónde salió que el precio de referencia establecido por el Ministerio de Energía de la Nación es justo y adecuado? En realidad, lo que hay que decir al respecto es que los precios de referencia fueron acordados entre el Gobierno nacional y un grupo de empresas amigas, convalidando valores muy altos, incluso a nivel internacional. Aranguren privatizó y dolarizó el valor de las tarifas. Por ejemplo, en las tarifas de gas y de combustibles, el valor surge de la cotización internacional y no por los costos de producción de ambos insumos, que están mucho más bajos.

De este último tema el oficialismo no habla. En este punto, en vez de haber vetado la Ley, el Gobierno nacional tendría que haberse sentado con las empresas prestadoras y pactar un precio de referencia más razonable, que no implique una transferencia descomunal entre la sociedad y un pequeño grupo de empresas oligopólicas. O sea, sacar las tarifas del negocio privado para tratarlas como lo que son, un servicio público.

Lo anterior nos lleva a un segundo tema muy controvertido. ¿Cuál fue el argumento que utilizó el Gobierno Nacional en su momento para convalidar precios de referencia tan elevados a favor de las empresas prestatarias? El argumento fue que hay que hacer un esfuerzo en términos de inversión y que esa tarifa alta permitirá que las empresas puedan encarar en los próximos años las obras de infraestructura que necesita el país.

En relación a este tema caben las siguientes consideraciones:

– No se conoce ningún cronograma de obras comprometido entre el Gobierno Nacional y las empresas y están ya recibiendo recursos para obras que no están registradas en ninguna parte.

– En la mayor parte de las licitaciones, un criterio normal es que la empresa tiene que hacer la inversión, que luego amortiza cobrando los servicios. Aquí la lógica está planteada al revés. Primero subimos las tarifas, les generamos a las empresas un gran excedente y con el colchón de recursos que se genera en el tiempo, las empresas se comprometen a hacer obras en los próximos años. (De palabrita, porque como expresamos en el punto anterior, ni siquiera hay un cronograma de obras comprometido formalmente).

– Como broche de lo expresado anteriormente, hay que decir que algunas de esas empresas ya comenzaron a distribuir utilidades, por cifras siderales, según consta en los balances presentados ante la Comisión Nacional de Valores, hace algunos meses. Debemos tener en cuenta que las empresas que más ganancias obtuvieron en el último tiempo, fueron las empresas generadoras de energía (de gas y electricidad)

Todo lo anterior constituye poco menos que un escándalo, del cual la mayor parte de la sociedad argentina empieza a darse cuenta, a pesar de que no son muchos los medios de comunicación que ayudan a informar con la verdad. Estamos frente a una transferencia de recursos de parte de la sociedad argentina hacia un grupo reducido de empresas amigas del Gobierno. El veto express presidencial, no hace más que ratificar qué intereses defiende Mauricio Macri y su grupo de Ceos empresarios, que no creen ni en la política pública, ni la democracia, ni el bien común.

Por todo esto, es que,  rechazamos las políticas de privatización y desguace del Estado y lo público que impulsa el gobierno nacional, en beneficio del sector privado, mediante la venta de activos o empresas ligadas al sector energético.

A través de un decreto del presidente Mauricio Macri, publicado en el Boletín Oficial, se autoriza a privatizar 14 centrales generadoras de energía. De esta manera, se legaliza la entrega del patrimonio nacional al capital privado en áreas estratégicas como la energía y los recursos naturales.

Sobre este punto, el ministro de Energía, Juan José Aranguren no dejó dudas de los planes del gobierno nacional, al afirmar lo siguiente en diferentes medios de comunicación: “Si hubiese sido por mí, hubiera privatizado YPF en dos partes, como se hizo con Entel”.

Con este decreto, el Estado se retira en su totalidad de un sector estratégico, perdiendo decisión en la expansión del sistema, dejándolo a la libertad del mercado, que ya demostró su ineficacia en la década de los 90.

Concretamente, se prepara la retirada del Estado de 12 centrales eléctricas, y de las empresas Dioxitek SA, y Transener, la primera de ellas, ubicada en Córdoba, creada para garantizar el suministro de dióxido de uranio, que se utiliza en la fabricación de los elementos combustibles para las centrales nucleares de Embalse y Atucha I y II, mientras que Transener es la compañía que posee la red nacional de transporte de energía eléctrica de alta tensión.

El FMI DESDE EL PRIMER MOMENTO EN LA HOJA DE RUTA DEL MACRISMO.

Desde que comenzó la actual gestión del gobierno nacional, advertíamos que estábamos frente a un modelo económico basado en el rentismo financiero y los sectores concentrados de la economía. Recordemos que la sociedad argentina ya ha atravesado este tipo de modelo en otras etapas históricas, con consecuencias siempre muy negativas para las pymes industriales, el trabajo, las economías regionales, las cooperativas y los que menos tienen.

Ojalá estemos a tiempo de evitar el peor desenlace. Pero el anuncio presidencial de las gestiones ante el Fondo Monetario Internacional por un préstamo, traen a la memoria una película con final anunciado. El acuerdo con el FMI va a profundizar la crisis, vamos a tener más deudas, más fugas de capitales y más pobres y ésto tiene que ver también con el tema tarifas, porque todo lo que nos ahorramos en subsidios fue a parar al pago de intereses de la deuda, y que estaba en la hoja de ruta del gobierno nacional. Si liberamos la cuenta corriente, si liberamos el mercado financiero, si permitimos que las exportadoras no liquiden divisas, si seducimos a los capitales golondrina, era porque esto que pasa hoy estaba en hoja de ruta desde el primer minuto.

El gobierno nacional no puede ocultar que generó su propia crisis, beneficiando a unos pocos mediante la llamada “timba financiera” y la devaluación, y perjudicando al mismo tiempo a la mayoría de los argentinos. Lo que está ocurriendo actualmente no expresa un problema de carácter coyuntural, sino que es el reflejo de serios problemas estructurales, que son la lógica consecuencia del modelo económico implementado desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri.

Las mujeres organizadas y movilizadas en las calles ponen en cuestión el poder del patriarcado y su alianza perfecta con el sistema capitalista, con sus reclamos están cuestionando sus beneficios, sus ganancias y su poder. Por eso, si bien dentro de la convocatoria al Paro Internacional de Mujeres, hubo diversidad de opiniones, grandes sectores piensan que este Paro no fue contra los varones como individuos, sino contra la clase social que se beneficia a diario, manteniendo a las mujeres bajo este régimen de desigualdad. Por eso muchas de las que participaron lo hicieron con sus amigos, hermanos, compañeros, novios, padres, etc.

Como ya quedó demostrado en muchos momentos de la historia, no están solas. Tienen aliados en cada varón que también sufre la explotación, con quienes muchas veces pelean a diario y a quienes, muchas otras, tuvieron que combatirles la idea de que esta lucha es solo su responsabilidad.

Hace días atrás una vocera de la corporación Cambiemos, dijo que, “Los pobres no tenemos el derecho de asistir a las universidades”. Señora Vidal, le decimos que, cada vez que nosotros los pobres pusimos un pie en las facultades, los gobiernos, por más mano dura que nos quisieron poner, temblaron.

Una de las exigencias del fondo terrorista monetario internacional, es poner recorte a la educación pública, para que nuestros pibes sean mano de obra barata para los grandes capitalistas que sostienen este sistema de hambre y pobreza. Pero desde aquí, desde el movimiento de masas, junto a los estudiantes y la unidad de todos los trabajadores, al Fondo Monetario Internacional le decimos, NUNCA MÁS, NO PASARÁN, VIVA LA EDUCACIÓN PÚBLICA, GRATUITA Y LAICA.

 POR TODO LO ANTES MENCIONADO PLANTEAMOS Y EXIGIMOS:

  • Reapertura de las paritarias
  • No a la reforma laboral en todos sus términos
  • Ni un despido más. Huelga y ocupación de los lugares donde se produzcan despidos.
  • No al Pacto fiscal firmado por los Gobernadores que en complicidad con Cambiemos, van por los derechos de los trabajadores. Además este pacto hace que Macri gobierne sin ataduras.
  • Aumento de emergencia a jubilados, desocupados y precarizados
  • Ley de emergencia alimentaria y por una ley integral para los trabajadores de la economía popular
  • Aprobación de la ley por aborto legal, seguro y gratuito y reafirmamos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir
  • No a la represión y persecución a las luchas y los luchadores
  • Anulación de los tarifazos. Apertura de los libros y costos de las empresas privatizadas
  • Nacionalización de todos los servicios público.
  • Fuera el FMI, no al pago de la deuda externa.
  • No a la estafa de la CUS (Cobertura Universal de Salud)
  • No a la reforma educativa.
  • Paro Activo Nacional y Plan de Lucha.
  • No al vaciamiento de los organismos del Estado Nacional ( INTI, TELAM, CONICET, Ballet Nacional, Fabricaciones Militares y otras.
  • Anulación de los impuestos a los productos de la canasta básica.
  • Eliminación del impuesto a la ganancia del trabajador.

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