Gomara: marcha en defensa de la salud pública

Por Sofía Alberti* | El miércoles 11 de octubre una gran marcha recorrió Villa Gobernador Gálvez exigiendo la reapertura inmediata y estatización de la Clínica Gomara. Cientos de personas y organizaciones, entre ellas la CTA Autónoma, se pronunciaron en solidaridad con los 56 trabajadores que llevan tres meses sin salarios ni respuestas de la patronal y bajo amenaza de su propio sindicato.

En una localidad llena de historia, pero donde las movilizaciones no son cosa cotidiana, cientos de personas se movilizaron desde Clínica Gomara hasta Perón y San Martín exigiendo la reapertura de la clínica abandonada a su suerte hace tres meses. En este lapso, 56 trabajadoras y trabajadores permanecen sin telegramas de despido, sin salarios y sin respuestas. Gomara que en los últimos años llevó el nombre de Medicina Ambulatoria Sociedad Anónima (Masa), es la única institución de salud del tercer nivel en todo el sur del departamento.

Cantero junto a Nery, otro de los trabajadores en conflicto. Alegría en la lucha

María Laura Cantero, camarera de Gomara, expresó su alegría por la masiva participación que consideró demuestra que “la ciudad se está dando cuenta de la necesidad de salud pública de calidad”. Es que en Gálvez el único Hospital público “es una meca de las ambulancias, deriva a otros efectores”.  A la par, la maternidad no funciona desde 2008, por lo que “la gente no nace ni muere en su ciudad, no tenemos terapia intensiva, ni resonador en el Hospital. Sí en la clínica, está todo, por eso planteamos la estatización”.

En estos tres meses los trabajadores y trabajadoras aplicaron todo el ingenio y usaron todas las herramientas a su alcance. Se plantaron en el Concejo, arrancaron audiencias, cortaron calles, permanecieron dentro de la clínica ocupando su lugar de trabajo. Pero según dijeron “todos los funcionarios dicen que los supera el tema”.

Para Cantero, falta de plata no es. “Hicieron una obra de 50 millones de pesos en el arroyo para geotubos y se los llevó el agua. El Concejo Deliberante expropió terrenos para hacer una calle para favorecer la logística de un frigorífico, para darle salida a autopista, una inversión de aproximadamente 66 millones de pesos. Falta voluntad política. Con menos del 10% de esa plata que se le regaló a un privado, reabrimos la clínica. En Villa Gobernador Gálvez hay profesionales que se tienen que ir a trabajar a otro lado porque no hay perspectiva laboral para médicos”, explicó.

Para peor de males, el sindicato ATSA es para el Ministerio el único negociador. Pero el último contacto con sus representantes no fue muy alentador: en la propia sede ministerial quisieron pegarles a los trabajadores en conflicto y los amenazaron de muerte, según indican éstos. El Estado provincial reconoce entonces como negociador al sindicato que no sólo les habría soltado la mano, sino que los agredió. Y no acepta conversar con el Comité de Lucha conformado. El empresario no apareció y permanece en convocatoria de acreedores. Sus empleados recibieron en tres meses un bolsón de alimentos no perecederos y la promesa de un subsidio que luego se les negó. “Es que no están formalmente despedidos”, les habría manifestado el Intendente Ricci.

Acto solidario

Diversas organizaciones sindicales, sociales y políticas acompañaron la marcha que transitó unas diez cuadras.  Para sintetizar el sentir de los citadinos, Victoria Simoes, Asistente Escolar de la Escuela 2119 de Villa Gobernador Gálvez (VGG) e integrante de ATE Rosario, expresó: el cierre de Gomara “es lo peor que pudo pasar, ellos siempre han estado en la salud, era el único recurso tanto para los asistentes escolares, docentes y jubilados; es muy necesaria su reapertura”.

El Secretario General de la CTAA Provincia de Santa Fe, Gustavo Martínez valoró el encuentro de diversos sectores en la defensa de las fuentes de trabajo y por el derecho a la salud “más allá de todas las diferencias, esta es la respuesta que hay que dar”. Recordó que también en San Lorenzo 14 mil jubilados permanecen sin atención hace un tiempo prolongado. “Un compañero de PAMI me contaba que esta ciudad no tiene trabajadoras sociales para atender el drama que atraviesan muchos jubilados. Defendemos un trabajo, un salario y salud dignos que no dependan de los negociados.  Cada derivación es un aviso para el gobierno sobre este tema, saben que lo único que puede resolver es la reapertura de la clínica y sumarla al sistema de salud pública”, expresó.

Raúl Daz, Secretario Adjunto de la CTA Rosario y dirigente de ATE Rosario dijo: “exigimos lo que dice la Constitución Nacional: que la educación, la salud y el trabajo son derechos de nuestro pueblo. Esto es una cuestión de Estado y por eso ATE está presente exigiendo a las autoridades que se hagan cargo de este tema.  Además llamó a poner fin al negocio de la enfermedad. En ese sentido fustigó a la Cobertura Universal de Salud lanzada desde el gobierno y a la Fundación lanzada desde las autoridades del PAMI.

Desde el Sindicato de Aceiteros de Rosario su Secretario de Prensa, Sergio Díaz, recordó que VGG tiene 130 mil habitantes y “sabemos que no tiene cobertura para toda la población, por eso apoyamos el pedido de estatización. Tiene una estructura enorme Gomara y no puede desperdiciarse. Sin la movilización no hay respuestas, hay que ganar la calle, que es lo que estamos haciendo ahora”.

El dirigente de Amsafe Rosario y Secretario general de la CTA Rosario, Gustavo Terés, expresó el saludo y adhesión del plenario de delegados docentes. “Lo más importante que tiene un trabajador que el derecho al trabajo por eso han avanzado estas patronales donde pueden vaciar empresas y el Estado no interviene. Las patronales no tienen escrúpulos para optimizar su tasa de ganancia. Creemos que este hospital sigue teniendo sentido. Si plebiscitáramos la mayoría de la población diría que Gomara debe seguir. Acá faltan lugares para la atención de nuestra salud. Están privando a la población de Villa Gobernador Gálvez del derecho a la salud”, culminó.

Clínica Gomara tiene 32 años en VGG. El cierre de esta institución, significa que afiliados a una quincena de obras sociales, 7300 jubilados, 7000 personas que acudían mensualmente a los consultorios y 1500 a la guardia, se quedaron sin la posibilidad de atenderse en su ciudad.

*Nota y fotos: Sofía Alberti, Comunicación CTA Rosario

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