La Corte Suprema, el gobierno de Macri y los derechos laborales en disputa

Por Miguel Aguirre* | Acta dialogó con Luis Campos, abogado del Observatorio del Derecho Social de la CTA-A sobre el polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el “Caso López” y el contexto en que se da la disputa en torno a los derechos laborales en la Argentina.

¿Qué te pareció el “fallo López” que ordena el pago de costos al trabajador?

- El tema de las costas de un juicio no es algo que revista importancia para la Corte Suprema, por eso es extraño que se expida en este caso. El Art 280 habilita a la Corte a no expedirse sobre un caso que no tiene importancia o que no reviste carácter Constitucional y le pone “la plancha” como se dice en la jerga judicial. Es por eso que entendemos este fallo sobre un caso menor, donde la discusión ya está saldada en instancias anteriores, como un claro apoyo al gobierno en su intento de ir en contra de los derechos laborales y de producir reformas en la justicia del trabajo.

-¿Por qué la Corte entonces toma este caso para pronunciarse?

- Esto es lo preocupante, el por qué la Corte eligió en este momento meterse de lleno en un debate que se está dando en el plano político: el Presidente Macri habla sobre la existencia de mafias en los reclamos de los trabajadores ante la justicia laboral y “la industria del juicio”, todos argumentos que esgrimen los gobiernos cuando quieren llevar adelante planes de ajuste o de retrocesos en materia de derechos laborales. La pregunta entonces es ¿por qué la Corte toma el caso López y lo difunde de esta manera si no tiene nada de novedoso? Porque recordemos que el juez de primera instancia en el caso ya había fallado de igual manera a como falló la Corte y es sabido que en muchos casos los trabajadores que pierden un juicio tienen que pagar las costas del proceso. Creemos que lo importante es tener en cuenta el momento y la manera en que se difunde el caso y lo convierte en noticia. Un comunicado distribuido ampliamente por la agencia de prensa de la Corte Suprema levantado por todos los medios, es una evidente señal política en favor del gobierno.

-Entonces ves una ofensiva en distintos planos.

- Claramente van no sólo en contra de los reclamos de los trabajadores y de los abogados laboralistas que llevan adelante estos reclamos, sino también van contra la Justicia laboral y en particular contra los jueces que han fallado en sentido opuesto a los intereses del gobierno de Macri, como el caso de la paritaria bancaria, el de los reclamos de los trabajadores del ex AFSCA o el caso de la paritaria nacional docente. El posicionamiento del Gobierno Nacional en contra de los derechos de los trabajadores encuentra un espaldarazo político en este fallo de la Corte.

La industria del juicio

-¿Qué se puede decir del funcionamiento real de la Justicia Laboral?

- La verdad es que a los trabajadores no les sirve cómo funciona la justicia laboral. Reclamar sus derechos en los estrados judiciales le demanda al trabajador una serie de recursos y tiempo que en realidad desalienta ya que a los afectados por un despido, una mala liquidación de sus haberes, o que el patrón no lo tiene registrado o tal vez haya sufrido un accidente entre otros incumplimientos por parte de los empleadores, tarda 3, 5 y hasta 7 años llegar el fallo.

-¿Por qué tardan tanto en fallar?

- Es que la justicia laboral ni siquiera cuenta con los recursos materiales para funcionar, desde insumos básicos para los empleados, edificios en pésimo estado, hasta falta de personal. Además, un gran número de juzgados laborales están vacantes sin jueces designados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (más de 30 juzgados de un total de 80 no tiene juez). Es decir, hay un fuerte deterioro del sistema de administración de justicia del trabajo. Pero hay más: si un trabajador decide llevar adelante un reclamo judicial, se enfrenta al dilema perverso de tener que negociar con sus empleadores una suma muy menor a la que le corresponde o bien asumir este proceso que se prolonga por años y confiar en que llegará ese fallo a favor. Mientras, ese trabajador tiene a su familia necesitando esa plata para vivir. Y esto es más grave aún, porque sucede sólo con quienes deciden plantear una demanda.

-Claro, hay un universo de afectados que no reclaman.

- Exacto, la gran mayoría no demanda por sus derechos vulnerados. Un cálculo que hicimos con el equipo de CTA Capital, donde nos preguntábamos que proporción de trabajadores afectados reclaman, concluimos que es ínfima. Podríamos preguntarnos: de los 4 millones de trabajadores no registrados que hay en nuestro país, ¿cuántos reclaman ante un juez?, ¿cuántos demandan por las horas extras no liquidadas o pagadas en negro?, ¿cuántos trabajadores reclaman por las licencias que reconoce la ley de contratos de trabajo o el convenio colectivo de su actividad?. Vemos así, que la inmensa mayoría no llega a planteos judiciales.

-¿Por qué creés que no se reclama por esos derechos?

- Es que prácticamente ningún trabajador le hace juicio a su empleador mientras está vigente la relación laboral; es una invitación al despido. Entonces el trabajador prioriza la defensa del puesto de trabajo por sobre estas violaciones a las normas laborales. Porque además, si deciden ir al reclamo se tienen que enfrentar a lo que decíamos más arriba sobre la hostilidad del sistema judicial.

La agenda del Gobierno y la patronal

-¿Por dónde te parece que podrían venir los próximos ataques de las patronales y el Gobierno?

- El Gobierno ya insinuó que prepara cambios en la Justicia del trabajo para obstaculizar aún más la posibilidad del reclamo de derechos laborales violados. Ya, de hecho, en varias provincias están imponiendo sistemas de conciliación obligatoria (algo parecido a lo que ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el SECLO) como alternativa a favor de los empleadores que se ven beneficiados por esta instancia prejudicial con el objetivo de “arreglar” por una suma mucho menor. En este sentido, ya han avanzado con el DNU que modificó la ley de riesgo del trabajo, donde uno de los principales cambios impone que antes de hacer cualquier reclamo judicial por accidentes o enfermedades laborales hay que someterse obligatoriamente a una comisión médica.

Otro plano en donde intentan avanzar es el de incluir cláusulas de flexibilidad laboral en los convenios colectivos de trabajo, y para eso necesitan la complicidad de la burocracia sindical. Como no podrían flexibilizar por vía legislativa gracias a la lucha histórica, intentan negociar con los sindicatos para que acepten pérdidas de derechos de los trabajadores, a cambio de algún acuerdo corporativo en favor de las burocracias.

-Algo ya hicieron con petroleros en Vaca Muerta y luego con SMATA.

- Sí, claramente. Fueron por el lado de intentar acuerdos a nivel de Convenio Colectivo sectorial. Por ejemplo, en el caso del sindicato de Petroleros de Neuquén, Chubut y Santa Cruz, el gobierno consiguió que el sindicato acepte profundizar la flexibilidad laboral. Los trabajadores dejaron de cobrar adicionales, bajaron la cantidad de personal para realizar determinadas tareas, incrementaron el ritmo del trabajo y resignaron niveles de protección e higiene entre otras imposiciones y todo esto con acuerdo del sindicato. Otro acuerdo con complicidad de la burocracia sindical es el que firmó UPCN con el gobierno, donde impone a los trabajadores de la administración pública nacional la obligación de someterse al “presentismo y al premio por productividad”.

Pero nosotros en la Central tenemos el caso de los compañeros de la Asociación Agentes de Propaganda Médica (AAPM) quienes resisten este intento y denunciaron que la postura de la Patronal es muy intransigente con su decisión de no discutir salarios a menos que el sindicato acepte renunciar a derechos ya reconocidos.

Una tercera dimensión de cambios que están en agenda del gobierno sí involucran al Congreso y eso dependerá de la composición de las cámaras después de las elecciones octubre. Ya hay un proyecto presentado, que si bien aún no fue tratado, intenta disminuir los aportes patronales a la seguridad social. Algo de esto ya insinuó el gobierno de Macri con el proyecto de ley de primer empleo que intenta disminuir el “costo laboral” del empleo joven. Dicen que quieren bajar el “costo Argentino”, que es básicamente el sostenimiento de la seguridad social, pero en realidad implicaría reducir el beneficio de las jubilaciones para el conjunto de los trabajadores.

-¿Quieren privatizar de nuevo y volver a las AFJP?

- Sí, quieren plantear en el Congreso alguna reforma. Desde varios sectores insisten que el sistema previsional es insustentable y plantean “soluciones” como el aumento de la edad jubilatoria o la generación de un sistema mixto con una cobertura de tipo universal para todos los trabajadores a determinada edad, pero en niveles extremadamente bajos. El negocio está en volver al sistema de capitalización para quien pueda pagarlo y que genere una renta adicional para completar un ingreso mayor al momento de su jubilación. Es decir que se vendría una nueva oportunidad de lucro para las empresas de seguros de retiro y los bancos, generando así, jubilaciones miserables para muchos y algunos pocos privilegiados con mayores aportes adicionales.

* Equipo de comunicación CTA Autónoma

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