La ilegalidad del gigante invisible: lockout de Cargill

Por Sofía Alberti* | En la mañana del jueves los trabajadores de la multinacional no pudieron ingresar a sus puestos. Previa entrada de Prefectura al establecimiento, la gerencia informó que no habrá actividades por cinco días en la planta de Villa Gobernador Gálvez y que esos días no serán pagados. Los trabajadores permanecen pacíficamente frente a la planta. Cargill ya deslizó la amenaza de  que se retomarán actividades “siempre y cuando se regularice la situación, permitiendo operar de forma segura”. El lunes habrá audiencia en el Ministerio de Trabajo Provincial.

A las 04.30 horas del jueves una combi con doce prefectos ingresó a la planta que Cargill tiene en Villa Gobernador Gálvez. Posteriormente, se cerraron los portones con llaves y candados y, a las 06.00 horas, la plana patronal encabezada por Marcelo Patriarca, Gerente de Recursos Humanos Nacional;  Jorge Creado, Gerente Regional; Hugo Acervo, gerente de planta; y Mónica Castillo, Gerente de Recursos Humanos local, manifestaron que la totalidad de los trabajadores se encontraban suspendidos hasta el diez de abril por cuestiones de seguridad, según la empresa, vinculadas a la realización de paros sorpresivos. Un afiche escrito a mano en la puerta dio cuenta de la disposición, que afectó a 400 obreros de los establecimientos de Villa Gobernador Gálvez y Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires).

La multinacional que vendió por 55.100 millones de pesos en 2017 había despedido a fines de enero a más de cuarenta personas que no aceptaron retiros voluntarios previamente. Y para explicarlo, no hubo giros literarios: Cargill argumentó en diversos comunicados que los despedidos no responden al perfil que se necesita. Desde entonces, los desplazados realizan un acampe en Villa Gobernador Gálvez y -tras el vencimiento de las conciliaciones obligatorias dictadas por las carteras laborales de Provincia y Nación- sus compañeros efectúan paros sorpresivos dentro de planta.

 “Nosotros salimos de manera pacífica porque creemos que esa es la forma y además vemos que la patronal avanza con el conflicto contra nosotros y el convenio, cada vez más cerca de la ilegalidad. Tuvimos más de 80 horas de paros intercalados sorpresivos y no hemos roto un equipo, porque entendemos que es nuestro trabajo y tenemos que cuidarlo.  Pero la empresa decide llevar el trabajo a Puerto San Martín donde, por la sobrecarga, terminan prendiendo fuego una cinta de embarque”, explicó el delegado Marco Pozzi. La explicación es importante, pues el cese de actividades se fundamenta en presuntas inseguridades por las huelgas. Pero la única planta de Cargill que se prendió fuego y maquinarias se vieron afectadas, fue donde no hubo paros: el 23 de marzo la cinta de embarque de Puerto San Martín ardió en llamas.

Marco Pozzi

Disciplinamiento

Desde el inicio del conflicto, los aceiteros plantean que los despidos tienen objetivos disciplinadores para un sector que ha plantado la defensa del salario mínimo, vital y móvil rompiendo los techos paritarios impuestos los últimos años y avanzando en la dignificación de las condiciones de trabajo. De hecho, las negociaciones en Buenos Aires no avanzan con la Federación Aceitera, pues el gobierno nacional y las patronales están cerradas en el 15%.

“Esto tiene que ver con la negociación paritaria del año pasado, cuando rompimos todos los techos impuestos por las patronales y el gobierno nacional. En seguida el gobierno nacional decidió no homologar la certificación de autoridades de la Federación Aceitera, siendo elecciones directas con lista única y sin impugnaciones. Además de con voto directo tras cambio de estatuto, como no tiene ninguna entidad de esa magnitud del sector privado. Todo tiene que ver con la persecución sindical y el sistema burócrata del sindicalismo que tiene el Sindicato de San Lorenzo (no adherido a la Federación, bajo cuya jurisdicción está la planta donde sucedió el incendio) que haciéndole un favor a las patronales  decidió aceptar el techo a la paritaria y modificar puntos del convenio colectivo que son conquistas históricas del sector. Vienen por nosotros porque somos trabajadores que luchamos por nuestros derechos, dentro de la planta y desde la dirección de la Federación”, analizó Pozzi.

“También Cargill roza la ilegalidad con la persecución a los delegados, pues al suspender a todo el personal suspenden a la Comisión Interna, pasando por arriba los fueros gremiales que tenemos. Ya tiempo atrás intentaron quitarnos los fueros aduciendo que paramos la planta un día que no estábamos y no hubo paro. A la ilegalidad de la empresa respondemos desde el conflicto pacífico y usando la huelga como herramienta, otro derecho que nos quieren coartar al decir que reiniciarán las actividades si no hay paros”, denunció el dirigente aceitero.

“Es la primera vez que nos enfrentamos a un paro patronal, y quieren hacerlo sin pagar sueldos. La carpa se amplió porque ahora tenemos variedad de afectados: despedidos, suspendidos y perseguidos”, planteó a modo irónico el delegado. Y convocó: “hay una frase que dice que tenemos que ser la pesadilla de quienes quieren arrebatarnos los sueños, por eso nosotros vamos a ser la pesadilla acá en la planta; y cada persona, organización y funcionario con cargo público que tome este reclamo y lo lleve a cada ciudad y recinto, irá llevando esa pesadilla por todos lados, porque no vamos a resignarnos”.

A raíz de la comunicación de Cargill de la suspensión de actividades, el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, convocó a una audiencia el día lunes 9 de abril a las 12.00 horas en las oficinas rosarinas de Ovidio Lagos y San Lorenzo.

Nota y fotos: Sofía Alberti, Prensa CTAA

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