Napalpí: la huelga originaria

Por Sofía Alberti* | Este 19 de Julio se cumple un nuevo aniversario de la Masacre de Napalpí, reducción chaqueña donde fueron asesinadas a manos del Estado Nacional 400 personas en 1924. El origen de sus reclamos eran las condiciones laborales y de vida a las que eran sometidos en pos de la expansión de la frontera algodonera. En 2014 el caso pasó a ser considerado de lesa humanidad. Hablamos con uno de los fiscales de la causa, Diego Vigay, e integrantes locales de las comunidades Qom y Colla para saber qué nos sigue diciendo Napalpí, a 92 años.

Masacre_de_Napalpi

Corría 1924 en el Chaco. En los últimos veinte años las plantaciones de algodón habían pasado de ocupar 100 a cinco mil hectáreas. Se lo consideraba “el oro blanco”, la soja de inicios del siglo veinte. Pero para esa expansión había obstáculos humanos: las comunidades originarias, principalmente Vilela, Qom y Mocoví, que habitaban históricamente esas tierras. La creación de reducciones, donde se los ponía a trabajar en condiciones de hacinamiento y miseria, fue la idea del poder para contener a estas poblaciones que ‘estaban de más’ para sus proyectos.

En 1911 se establece la Reducción Napalpí, donde unas cientos de familias originarias de costumbre ancestral nómade, eran concentradas para realizar tareas de destronque y hacheo en el obraje donde principalmente se trabajaba la leña y el carbón. Las condiciones eran inhumanas, no tenían asistencia médica, cobraban jornales de miseria, a veces se les pagaba con mercadería o ropa usada. Era dificultosa incluso su misma alimentación. Muchos de ellos se morían por falta de asistencia médica básica.

La rebelión que antecede a la huelga se generó por el descuento a sus salarios que se les realizaba para pagar el flete en tren de lo que producían al puerto de Buenos Aires. Así, como se lee: se les bajaban los salarios para hacerlos pagar el traslado a los puertos de lo que trabajaban de la tierra de la cual los habían expulsado. “Se plantean entonces la posibilidad de migrar al norte, donde había ingenios que no tenían mejores condiciones, pero abrigaban más expectativas de lo que vivían en el Chaco. El gobernador interventor Centeno, representante del Gobierno Nacional, sacó un decreto por el cual se les prohíbe la salida de la provincia. Se los lleva a un callejón sin salida, los encierra”, relató el Fiscal Diego Vigay, integrante de la Fiscalía Federal en Causas de Lesa Humanidad del Chaco.

El 19 de julio de 1924 llegó la huelga, con pedidos concretos vinculados a cuestiones básicas de supervivencia. Participó un 90% de los trabajadores. Como respuesta, llegaron 120 hombres de policías nacionales (antecedente de Gendarmería Nacional), junto a civiles armados, muchos de ellos empresarios y estancieros. “Ellos descargaron sobre la toldería donde estaba la protesta una hora de disparos que provocaron la muerte de 400 integrantes de los pueblos originarios”, contó Vigay. “La Masacre de Napalí significa un punto de inflexión en la exclusión y opresión de los pueblos originarios y fundamentalmente en el norte del país”, definió.

Lesa humanidad

Con 44 años y seis en la fiscalía que investiga delitos de lesa humanidad en Chaco, Vigay fotma parte de la unidad de fiscales inició de oficio la investigación de la Masacre de Napalpí en 2014. Considerando que la actuación se dio por parte del propio Estado, que no sólo impidió la salida de la provincia sino que fue el que masacró a los trabajadores del obraje, está claramente dentro de la carátula de Lesa Humanidad y por ende, es imprescriptible.

“Es una investigación que avanzó muchísimo en estos dos años, haciendo una recopilación muy importante de testimonios, como los de Pedro Balquintas y el testimonio fílmico de Melitona Enríquez, o los hijos de los sobrevivientes. Hay una serie de documentos muy importantes sobre reducciones, diarios época, de la Cámara de Diputados de la Nación. Se abrieron alrededor de 10 investigaciones, se sumaron textos de investigación y elementos de prueba vinculados al genocidio de los pueblos originarios de manera genérica y relativos a Napalpí”, detalló Vigay.

La Unidad está trabajando el requerimiento de instrucción, con una reconstrucción de los hechos y tomando también las razones económicas, sociales, culturales, ideológicas que pudieron dar lugar a la masacre. Una vez que se culmine este proceso que demandará unos meses, se presentaría a una instancia de la Justicia Federal chaqueña, para que se lleve adelante un juicio por la verdad. Si bien el mismo “no tendría imputados, la idea es que tenga sentencia y de alguna manera hacer una condena simbólica y reparación a las víctimas. Está el antecedente de la Masacre de Rincón Bomba, que el juzgado de Formosa lo estableció como de lesa humanidad”.

Poder reconstruir esta historia y dar justicia a un hecho silenciado, es fundamental para cambiar la actualidad. Consultado sobre qué representa Napalpí, el fiscal consideró que “fue un punto de inflexión en lo que fue ha sido y es la exclusión, marginación y explotación de nuestros pueblos originarios. Es una realidad triste que se sigue repitiendo en la coyuntura actual. En Chaco hoy existen disputas de tierras que habían sido entregados a las comunidades originarias pero fueron ocupadas sistemáticamente por criollos. Nuestro Estado y nuestra sociedad está construido con una lógica fundamentalmente blanca, criolla, occidental y cristiana. Los pueblos originarios quedaron totalmente excluidos incluso hasta hoy. El sentido reparatorio de este juicio por la verdad podría tener efectos muy importantes, sobre todo haciéndolo desde la justicia federal”, concluyó.

Melitona Enriquez

Melitona Enriquez

Voces que rompen la impunidad

Ofelia Morales es nacida en Chaco, de la comunidad Qom y se desempeña como docente bilingüe qom-castellano en Rosario, en la escuela intercultural n° 1344. “Fueron reducidos los hermanos para quitarles sus tierras y lo que tenían, los montes, los ríos. Yo conozco de la masacre ya en Rosario y por comentarios de gente del lugar. Siempre me hice la pregunta de por qué los integrantes de Colonia Chaco niegan su idioma y al preguntar a fondo salió esto”, recordó.

Para que la memoria aflore sobre Napalpí los relatos tuvieron, como en las causas por delitos de lesa humanidad de la última dictadura militar, un protagonismo heroico. Pedro Balquinta, Melitona Enriquez, entre otros, son voces que permiten hoy hablar de esta historia. Si bien Melitona fue filmada y su testimonio es recurridamente utilizado para investigaciones de todo tipo, Balquinta tuvo la posibilidad con 107 años de dar testimonio ante la justicia federal como partícipe directo de la masacre. “Para nosotros recordar eso, cuando hubo una organización, una comisión de lugareños hermanos y hermanas, que dio apertura al conocimiento público del suceso, es importante para el apoyo en búsqueda de informes, y que se encuentre justicia”, dice Ofelia.

Desde el pueblo Colla, la Secretaria de Pueblos Originarios de la CTA Autónoma Provincia  de Santa Fe, Irene López, consideró que lo sucedido en las reducciones significa a los originarios lo que el holocausto para los judíos. “Seguimos atentos y sufriendo muchas cosas todavía disfrazadas. No se olvidó. Ningún gobierno por más elegido democráticamente que sea respeta la política indígena, nada de lo que pedimos, hacemos. Hacemos protestas y no son escuchadas. Este gobierno hace que aprende de nosotros y ya tendría que saber, estar preparado para hacer un proyecto de trabajo. Decimos que vamos a presentar el proyecto, ellos van a cobrar y nosotros seguiremos con la miseria de cada año”, se quejó.

Lamentablemente de los relatos de Morales y López surge una dolorosa realidad: la perpetuación del despliegue de violencia sobre las comunidades originarias. “Nosotros con la firma de paz de Taygoyé, aceptamos el diálogo como integrantes de un país. Pero se necesita un respeto mutuo. Es necesario que la justicia dictamine justicia por nuestra gente, que reivindique nuestros derechos, la enseñanza bilingüe, la recuperación de tierra, el acceso al trabajo, porque nuestra gente no accede a un trabajo digno. Sigue la reducción desde la mano de obra barata. En las historias de los libros se comenta que somos recolectores, pero esencialmente somos trabajadores que queremos vivir en paz con nuestra cultura”, define Morales.

La educación bilingüe y la incorporación de los idiomas originarios para todos los trabajadores y trabajadoras de las instituciones enraizada en esas comunidades, como la posibilidad de ganar sueldos dignos sin ser discriminados de ninguna manera, son partes de los reclamos vigentes que López rescata.

No obstante, sabiendo de las limitaciones y el subyugamiento histórico al que han sido sometidos, Morales concluye diciendo:

Chaqrata ra qara´añagac qataq ra qarlogoc ishet ca enec na Qom

(“Solamente la fuerza del pueblo Qom y el dialogo podrán conseguir la solución de los problemas y reivindicar los derechos indígenas”).

Sofía Alberti, Comunicación CTA Autónoma Provincia de Santa Fe

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