PAMI Rosario: intervención y desplazamiento de Sánchez por desmanejos y desvío de fondos

Por Sofía Alberti* | Luego de una auditoría interna, las autoridades nacionales de la obra social de los jubilados definió intervenir la UGL IX. Según se indicó es por desidia, desorden administrativo y desvío de fondos. Graves acusaciones que derivaron en la elevación de denuncias de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI-PAMI) y la suspensión de Milva del Rosario Sánchez por 30 días. CTA Autónoma, ATE Rosario y el Gremio Odontológico Argentino consideraron que el despido de Norma Cáceres en este contexto buscó ser una “bomba de humo” para correr el eje de estos graves hechos. Insistieron con la reincorporación ya de la odontóloga y referente sindical.

Como una novela con capítulos diarios el PAMI Rosario no deja de dar sorpresas. Primero la Directora de la UGL IX despidió sin causa a la Delegada Provincial del GOA-CTAA, en el marco de una mesa de negociación por condiciones laborales en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Luego de una reunión en la que dijo despedirla “porque sí”, corrió la voz de una supuesta denuncia por coacción contra las entidades gremiales mencionadas y militarizó con Gendarmería Nacional el ingreso de calle San Lorenzo 926. Lo cierto es que pese a las circulares internas, los gremios nunca se notificaron de denuncia alguna.

Para los y las integrantes de la Junta Interna de ATE en PAMI hoy empieza a cerrar la historia. “Tenemos un panorama más claro, ahora entendemos el despido arbitrario de Norma Cáceres. Ayer salió una resolución por la cual fue intervenido el PAMI local, fue separada del cargo Milva Sánchez por 30 días. Hubo una auditoría en los primeros días de junio, diariamente se sabía que arrojaba resultados negativos, muchos de ellos cuestiones que veníamos denunciando hace más de un año. No es casual que en los últimos días de esa auditoría Sánchez toma la definición arbitraria, injusta e intempestiva de despedir a Norma Cáceres sin causa”, consideró la referente del gremio estatal, Sandra Silvetti.

Según concatenó, la patronal inició este conflicto  del desplazamiento de Cáceres, para motivar que  GOA, ATE y CTAA iniciaran una lucha para pedir la reincorporación. “Vemos que fue una estrategia de disuasión, desviando el eje de la situación grave de la auditoría a una pelea gremial contra nosotros, para embarrar la cancha,  como buena abogada que es”, analizó.

Los resultados técnicos de la auditoría expuestos parecen ser lapidarios. No obstante no es algo que las trabajadoras y trabajadores de PAMI no vinieran denunciando hace años. “Hubo desidia, desorden administrativo y desvío de fondos. No sólo se inicia un sumario administrativo sino que el PAMI eleva esta investigación a la UFI. Vemos con buenos ojos que no se haya despedido a Milva Sánchez sino se la haya suspendido por 30 días y que se investigue su responsabilidad tanto administrativa como jurídica. Vemos bien que se eleven las acusaciones”, valoró Silvetti. Esta intervención del Instituto durará quince días, en los cuales se definirá si se pondrá un nuevo equipo directivo o no.

Denuncia de la CTAA

Auditada auditando

Norma Cáceres, odontóloga con 15 años prestando servicios en el PAMI Rosario, fue despedida sin expresión de causa. Algo que llamó la atención no sólo por los fueros gremiales que la protegen sino por la existencia de un ámbito de diálogo en la cartera nacional de trabajo donde se exponían las sumas “de miseria” que se abonan en concepto de cápitas a los profesionales.

Pero además, hubo una suerte de caza de brujas internas, con auditorias a los odontólogos, visita a las casas de los pacientes y multas que no bajaban de los cinco mil pesos. “Con qué autoridad nos perseguía Sánchez sin sentido, si lo que hacía internamente era lamentable.  Se encontraron órdenes prestacionales sin detalles de su parte mientras me acusaba a mí de facturas truchas, -cuando tengo que pedir permiso a AFIP para factura electrónica cada vez-, y de no aplicar prótesis por $388, no tiene sentido”, se asombró la referente del GOA-CTAA.

Para la odontóloga no sólo se trata de que ese equipo directivo cobraba salarios de hasta $35 mil pesos mensuales, “sino de lo que se llevaban por estos acuerdos oscuros que hacían con la obra social. Lamentable”. Como paso a seguir se pedirá una reunión con el nuevo interventor, ya que las cápitas de Cáceres ya fueron reasignadas. “Ahora muchos afiliados que hace años atiendo, de zonas muy humildes,  deben tomar hasta dos colectivos  cuando a mi consultorio venían caminando”, figuró.

Tal como lo señaló Silvetti, en toda esta historia donde se intervienen intervenciones previas y nunca se normaliza el PAMI, los mayores  perjudicados son los beneficiarios de la obra social que no tienen garantizado su derecho a la salud.  “Creemos que esto se subsanara cuando se cumpla la ley y la obra social la administremos los verdaderos dueños, los trabajadores activos y pasivos. Mientras venimos de intervención en intervención y cada gestión deja peor el PAMI. Somos el quinto presupuesto a nivel nacional, plata hay, faltan decisiones políticas que garanticen el derecho a la salud, que fortalezcamos los policlínicos que tengamos un servicio de emergencias y urgencias propio, no como el que se contrata hoy que es pésimo”, expresó la delegada de la Junta Interna de ATE en PAMI.

*Sofía Alberti, Comunicación CTA Rosario

Notas vinculadas:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *