Por el fin a la violencia institucional contra los pueblos originarios

Por Comunicación CTAA* | Esta mañana comunidades originarias marcharon acompañadas de diversos sectores sindicales y sociales para repudiar la feroz represión sufrida el domingo dos de abril, que hoy pretende justificarse con un operativo de la noche anterior en otro barrio. Exigieron que se respeten los derechos de los pueblos y se ponga fin a los atropellos. Ratificaron además la necesidad de avanzar en la mejora y extensión de la educación intercultural, el acceso a la salud y al trabajo y el reconocimiento a los saberes ancestrales. Denunciaron la discriminación de la que son víctimas cuya expresión trágica es “un genocidio silencioso por goteo”.

Sábado primero de abril. Ya es de noche en la Lagunita. Cerca de las 22.00 horas cae la policía. Grito, golpe y requisa: se capturan a dos hombres y armas de fuego. Tenían pedido de captura. No pertenecen a las comunidades originarias, son ‘criollos’.

Domingo dos de abril. Siete y media de la mañana de un día lluvioso. Los pibes terminan de festejar un cumpleaños en la zona de Rouillón al 4400 en el corazón del denominado Barrio Toba. Son un par, tomando algo en botellas de plástico mientras el vecindario empieza a despertar. Viene un auto del Comando Radioeléctrico con dos policías. Empiezan los insultos, agresiones verbales y físicas. El barrio se subleva ante este nuevo accionar policial que expresa un profundo desprecio por la comunidad Qom. ‘Tobas de mierda’ ‘negros de mierda’ ‘por qué no se vuelven a donde vinieron’, vociferaban los oficiales.

En instantes todo fue un caos. Los refuerzos llegaron: terminaron siendo casi  medio centenar de policías. Golpes, gritos, invasión de dos viviendas. Cuchillos de cocina que estaban en las cocinas, catalogados como “armas blancas”. Pibes arrancados de sus camas. La casa humilde y querida,  rota. Se llevan 15 personas, entre ellos tres menores de edad. Catorce caen a las dos horas y media a la Comisaría 19°, con golpes fuertes en diversas zonas del cuerpo.

Uno, de quince años, vuelve al barrio, golpeado, con falta de piezas dentales, un hombro dislocado y literalmente meado del miedo: lo dejaron tirado en un descampado en la zona de Funes. Su madre aun lo esperaba en la comisaría y lo encontrará horas después en el Hospital. “En su caso fue una lisa y llana desaparición forzada de personas, fue torturado”, explicó el abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Federico Pagliero. Recién cerca de las diez de la noche todos los detenidos fueron liberados.

Ruperta Pérez

“Cuando levanté la vista estaba la policía pegándole a los pibes que iban por la calle. Es muy triste esto. Diariamente me levanto pienso si a alguien le están pegando por la calle. Ese día las mujeres nos agrupamos y lo que vimos lo grabamos. No querían que viéramos las atrocidades que les hacían a los hermanos. A chicas que iban a comprar algo la agarraban del cuello y le pegaban”, relató con desgarradora reminiscencia Ruperta Pérez, referente del barrio.

Partiendo del relato previo, cualquier persona identificaría dos operativos, dos momentos. La versión policial, no. Por eso como justificación de la intervención en Barrio Toba esgrimieron la recaptura de prófugos y el secuestro de armas que serían en realidad de la requisa del sábado.

Por eso, este miércoles los pueblos originarios de la ciudad (Qom, Wichi, Mocoit, Colla, Mapuche, entre otros) se movilizaron por el barrio y desde Tribunales Provinciales hacia Sede de Gobierno. La CTA Autónoma acompañó el reclamo contra la represión, la discriminación y por justicia.

Basta

La marcha partió de una de las viviendas asaltadas por la policía y se dirigió a la Comisaría 19°. En una segunda parte, recorrió desde Tribunales provinciales a la sede de gobierno provincial, donde distintos referentes de las comunidades brindaron su testimonio. Todos llenos de gran convicción y angustia.

Las violaciones sistemáticas a los derechos de las comunidades se expresan dramáticamente en hechos como los del dos de abril, pero según indicaron “no es extraordinario”, forma parte de una agresión discriminatoria y excluyente cotidiana. “Les decimos al Gobernador y la Intendenta que reconozcan las realidades que se viven en las comunidades originarias”, vociferó Luis Báez de la Comunidad Mocoit. “Tenemos derechos basta de tanto manoseo, de gatillo fácil, de atropellos, de meter a nuestros chicos presos, de armarnos causas, ¡basta de violencia institucional!”, exigió.

Báez, Pérez, Millán y Morales

Para Moira Millán, mujer Mapuche oriunda de la Provincia de Chubut, lo sucedido en Rosario “es claro ejemplo de lo que pasa a lo largo de todos los territorios, porque estamos ante un Estado racista desde su nacimiento, genocida, criminal. Hay una ‘guetización’ en las ciudades a las que no vinimos por elección sino porque fuimos desplazados de nuestros territorios y una vez aquí confinados a las villas miseria”. Denunció además que cientos de mujeres indígenas han sido asesinadas en Argentina por pelear contra el modelo extractivista que expulsa pueblos enteros de tierras ancestrales.

Morales

La docente, promotora de la Educación Intercultural Bilingüe y referente Qom, Ofelia Morales, recordó que el Artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional declara a los originarios naciones preexistentes y que en el Convenio 179 de la Organización Internacional del Trabajo también se plantean sus derechos. “Es un mandato que todos los gobiernos deben cumplimentar. Somos parte de esta sociedad, de esta ciudad. Venimos ante esta casa de gobierno, porque todas las gestiones han recibido nuestras notas, pedidos proyectos y lo que recibimos es atropellos policiales. Un gobierno que manda a atropellar familias enteras, quiere decir que no garantiza la vida de ningún ciudadano. El diálogo contrarrestra la violencia, no queremos violencia”, explicó.

Irene López, Secretaria de Pueblos Originarios de la CTAA Provincia de Santa Fe y representante Kolla, se manifestó muy emocionada y ratificó el pedido al gobierno provincial “que nos escuche, que no nos digan indios patasucias o ignorantes. Las hermanas y hermanos son sabios y no hizo falta reunirnos en oficinas: nos reunimos en la comunidad para sacar adelante nuestra realidad de educación, de salud, de desnutrición, de chicos discriminados que no pueden ir a las escuelas”.

Referentes de las comunidades

Zonas rojas

Como parte del justificativo oficial, difundido por medios de comunicación masivos de la ciudad, se construyó un mapa del delito que marca la zona de Rouillon al 4400 como ‘zona caliente’. Además de la respuesta de la Multisectorial de Zona Sudoeste a tal definición, Oscar Talero, representante Qom en Los Pumitas y del  Instituto Provincial Aborígenes Santafesinos (IPAS), analizó que “si no nos levantamos van a seguir haciendo las mismas cosas o peor: tenemos claro que este operativo se ha hecho en otros lados y nos quieren involucrar a los pueblos originarios. La policía no puede hacer eso, no lo queremos”.

Consideró que la operatoria oficial y mediática busca “manchar” a los pueblos originarios. “Las personas que tienen capturas no son de las comunidades y el secuestro de las armas se dio en La Lagunita, sabemos que es así. Ningún hermano tiene armas.  Salimos a decirle a la sociedad que no fue así. Quien se escapó de la cárcel no es, ni está en la comunidad. La policía lo hizo con la intención de acusarnos como pueblos originarios”, denunció.

La integrante de ATE y CTAA, Ángela Rodríguez, quien ha reconstruido y abrazado su descendencia Diaguita –que su familia se vio empujada a negar por décadas-, vinculó lo sucedido en Rosario con los hechos de otros lugares del país. “Veinte días atrás vimos lo del comedero en Buenos Aires y luego la forma en que entraron y los golpearon en la comunidad Qom”, rememoró. “En plena democracia, donde los políticos se viven culpando unos a otros, nos viene a pasar esto en una comunidad que hoy se levantó y yo siento esa necesidad de participar.  Este es el momento en que hay que estar sin ninguna cuestión mezquina. Me solidarizo como madre, trabajadora, integrante de pueblo originario”.

Integrantes de ATE, Amsafe y CTA Rosario

Armando causas

Paglieri contó que durante el dos de abril “hubo un cúmulo de delitos muy graves cometidos por la policía: desaparición forzada de persona, torturas, violación de domicilio. Gracias a las organizaciones que se apersonaron en la Comisaría y Fiscalía se avanzó en la toma de testimoniales”. La causa ahora pasará a la Fiscalía de Violencia Institucional a cargo del Fiscal Bertocci, “que cuenta con una de las más altas tasas de archivo”, alertó.

Por su parte, el Fiscal de Flagrancia en turno al momento de los hechos, Ponce Asahad, indicó que imputará por incumplimiento de funcionario público a seis policías y al médico que dijo no constatar lesiones en los detenidos. Se trata de la quinta parte de los oficiales que intervinieron en el operativo del domingo.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia, en coordinación con algunos medios de comunicación, lo que se instaló públicamente es la existencia de una causa con un mismo acta procedimental para dos operativos distintos. Eso explicaría la versión inicial de 16 detenidos en vez de catorce, el secuestro de armas de fuego y la identificación de prófugos. El problema es que, de sostenerse la unificación de los operativos, podría haber igual o más imputados de las comunidades, que policías.

Frente a tanta agresión física, simbólica y hasta legal los pueblos originarios se pararon para decir basta. Lo hicieron en conjunto, unidos a trabajadores y trabajadoras de la zona. “Le temen a nuestro modo de entender la vida, que en nuestro puño cabe la esperanza de un país que nace con los colores de la identidad”, sintetizó Moira Millán.

*Comunicación CTA Autónoma Regional Rosario

Fotos: Sofía Alberti

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