Rosario se manifestó contra la violencia machista

Por Comunicación CTA Rosario* | El pasado viernes una multitud se movilizó en Rosario por la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Por la mañana, se realizó una intervención en Tribunales denunciando la complicidad judicial y por la tarde se marchó desde Plaza Montenegro hacia el Monumento a la Bandera, donde se realizó un acto.

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Foto: Sofía Alberti

La movida multitudinaria corona un año activo y fructífero del Movimiento de Mujeres, tras un masivo Encuentro Nacional en nuestra ciudad y el Paro Nacional de Mujeres que sorprendió por su alcance en octubre pasado. Reclamando contra todas las formas de violencia, exigiendo cárcel para abusadores y femicidas, reiterando la necesidad de que se respete el aborto legal, seguro y gratuito y denunciando la feminización de la pobreza entre otros muchos puntos, se colmó el Monumento Nacional a la Bandera.

A continuación compartimos el documento completo al que suscribimos como CTA Autónoma.

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Nota vinculada: 25N: la marea violeta ocupará las calles


25 DE NOVIEMBRE DE 2016: DIA DE LA NO VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Una vez más el 25 de Noviembre  nos congrega para reclamar por el derecho a una vida sin violencia hacia las mujeres. Hace ya 35 años el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en Bogotá Colombia, establecía esta fecha como “Día Internacional contra la violencia social, política y sexual que se ejerce contra las Mujeres”, en homenaje a las hermanas Mirabal, conocidas como “Las Mariposas”, militantes políticas en contra del dictador Trujillo, que fueron violadas, torturadas y asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana.

En 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 25 de Noviembre como “Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres”

Esta violencia, que adopta diversas formas y se produce en todos los ámbitos tiene su origen en el patriarcado, el sistema más antiguo de la humanidad, que al decir de Marcela Lagarde, antropóloga feminista mexicana “asegura la supremacía de los hombres y de lo masculino sobre la inferiorización previa de las mujeres y lo femenino.  Es asimismo un orden de dominio de unos hombres sobre otros y de enajenación de las mujeres”.

El sistema patriarcal se ve fortalecido con el avance de un capitalismo cada vez más rapaz, cruel y represivo y en una coyuntura política, económica y social de avance de la derecha  con rasgos xenófobos, racistas y homofóbicos en la región y en el mundo. En nuestro país, el gobierno de las grandes empresas que representa Macri  aplica  políticas de ajuste, tarifazos y aumenta la deuda externa a niveles cuyas consecuencias ya conocemos.  Suspensiones, despidos y disminución  del poder adquisitivo de los salarios profundizan aun más  la exclusión y la pobreza de grandes sectores de la población. Esta situación afecta principalmente a las mujeres que en general tienen empleos precarios,  cobran  salarios más bajos, siguen  siendo las principales responsables de los trabajos de reproducción y de cuidado y en muchos casos el único sostén de su hogar.

En este contexto de capitalismo depredador, donde el patriarcado se ha  fortalecido,  la violencia se agrava en todas sus manifestaciones: aumenta el secuestro y la trata con fines de explotación sexual, los femicidios, el acoso sexual en el trabajo, las violaciones, las muertes por aborto clandestino, la negación de los abortos no punibles por parte de los efectores públicos de salud, las limitaciones al derecho a la salud sexual y reproductiva,  la educación sexual,

Es evidente la responsabilidad de los gobiernos, de las iglesias y de los medios de comunicación en la persistencia de estas violaciones a los derechos humanos de las mujeres, pese a los avances y las conquistas legales obtenidas a través de la movilización, el activismo y las luchas.  Los gobiernos, nacionales, provinciales y municipales no han cumplido hasta hoy con su obligación de  garantizar la protección estatal que establecen  las leyes nacionales, provinciales y las ordenanzas municipales, Las mujeres, heterosexuales, bisexuales, lesbianas, trans, siguen siendo violentadas y asesinadas por su condición.  Los aparatos judiciales en muchas oportunidades se convierten en cómplices de esa violencia con sus sentencias misóginas y  con la falta de diligencia en implementar medidas de protección. También los medios de comunicación son responsables cuando hablan y muestran los cuerpos de las mujeres como territorios a disposición, a los cuales es posible violar y también  depredar y rapiñar como se hace con la tierra y  los recursos naturales.

Las iglesias,  con sus concepciones milenarias misóginas y patriarcales  impiden permanentemente el ejercicio de la libertad y la autonomía de las mujeres. Solo un Estado laico, respetuoso de las libertades religiosas y no sostenedor de iglesia alguna puede garantizar la libertad de cultos establecida por nuestra Constitución y  la no imposición de concepciones morales, éticas o religiosas de algunas personas o corporaciones al conjunto de la ciudadanía.

Las mujeres se expresan cada vez con mayor masividad, la marcha del 31 Encuentro realizado en Rosario grito con fuerza “Basta de violencia”, “Basta de femicidios”, “basta de muertes por abortos clandestinos”. La sociedad viene luchando incansablemente y cada vez con mayor fuerza, las manifestaciones del Ni una menos han concitado la adhesión de multitudes, los paros convocados por mujeres se acrecientan, pero todavía todo esto no alcanza  para terminar con los femicidios y la violencia.

Durante esta semana en nuestra ciudad nos hemos movilizado hacia las instancias estatales que no cumplen efectivamente  con la obligaciones de proteger, prevenir y sancionar la violencia hacia las mujeres,  exigimos aquello que nos deben, tanto al gobierno nacional, provincial y municipal, como al poder judicial.

Hoy estamos aquí manifestando nuestro hartazgo con esta situación y EXIGIENDO:

Al  Gobierno Nacional y Ministerio de Desarrollo Social

Este 25 de noviembre, día por la eliminación de la violencia contra las mujeres, entendemos que parte de las deudas con las mujeres son responsabilidad de este organismo nacional del cual depende el Consejo Nacional de las Mujeres.

Exigimos una vida libre de violencias y son los Estados quienes deben promover derechos que expresen los cambios culturales que buscamos como sociedad.

Algunos datos que denunciamos:

-Denunciamos el incremento del hambre, la desocupación, la precarización laboral. La mitad de lxs trabajadorxs en blanco gana menos de $8000. En octubre hubo 5.130 despidos (suman 124.778 lxstrabajadorxs en blanco que perdieron su empleo durante el Gobierno de Macri), y en el último mes las suspensiones crecieron un 24%. Exigimos 1.000.000 de nuevos puestos de trabajo, de los cuales al menos el 50% deben ser para las mujeres. ¡Aprobación del Proyecto de Ley de Emergencia Social ya!

– Las mujeres en Argentina ganamos 27% menos que los varones por igual tarea y sufrimos más la subocupación y la informalidad laboral. Las trabajadoras informales ganan 40% menos que los varones. Las mujeres hacemos el 72% del trabajo doméstico no remunerado. Demandamos políticas públicas destinadas a fortaleces el empoderamiento económico de las mujeres y políticas estatales que concilien tareas de cuidado con el trabajo remunerado.

-Exigimos Ley de paridad ya! Las mujeres tenemos que conformar el 50% de las listas electorales y los espacios de representación. ¡Sin mujeres no hay democracia!

– En la Argentina por año 3000 niñas menores de 15 años son madres, lo que evidencia la incidencia del abuso sexual, la falta de acceso a la ESI y la información relativa al acceso al aborto legal.

– Casos como el de Belén en Tucumán o la niña wichí en Salta ponen de manifiesto el incumplimiento del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo en las provincias. El Estado no cuenta con estadísticas oficiales acerca de la cantidad de mujeres que mueren por abortos clandestinos. Reclamamos datos oficiales y medidas concretas para garantizar el acceso al aborto respecto de las causales que desde 1921 establece el Código Penal. Seguimos exigiendo el tratamiento y aprobación del proyecto de ley de la Campaña por el Derecho al Aborto seguro, legal y gratuito.

-Denunciamos que el Plan Nacional contra la Violencia de Género, anunciado meses atrás por el presidente Mauricio Macri enuncia un presupuesto absolutamente irrisorio e insuficiente para sostener abordajes genuinos. Para todo 2016, el CNM sufrió un recorte de casi 4 millones de pesos y solo puede destinar un presupuesto de $3,85 por cada mujer. Para 2017, será de $4,45 por mujer, para todo el año.

– Denunciamos la falta de políticas públicas integrales para el abordaje de la violencia de género. Los programas en las áreas de justicia, salud o desarrollo social que atienden a mujeres víctimas de violencia, se encuentran desarticulados; se desconocen las funciones y tareas que desarrollan y la asignación presupuestaria con que cuentan; no se garantizan recursos humanos, equipos interdisciplinarios, subsidios, licencias, guarderías, acompañamiento o continuidad en los tratamientos. Exigimos estadísticas públicas de las situaciones y víctimas de violencia de género que concurren y/o son atendidas en los diferentes servicios y aumento de presupuesto para garantizar la efectiva erradicación de violencia machista y la reparación a las mujeres que la sufren.

– Exigimos información sobre los recursos que aportarán los diversos Ministerios Nacionales involucrados en las acciones que contempla el Plan Nacional contra la Violencia de Género.

– El  déficit en el abordaje actual también se verifica en la falta de políticas de apoyo económico para las mujeres. El programa de transferencia “Ellas Hacen” ha sido desmantelado. Exigimos que se sostenga y se ejecute en todas las provincias del país.

-Exigimos inmediata reglamentación de la ley 27210 para el asesoramiento jurídico gratuito y legal en todo el territorio Nacional a personas víctimas de violencia machista. Asignación de presupuesto e implementación ya. Reincorporación de lxs 400 trabajadorxsdespedidxs de los Centros de Asistencia Judicial (CAJ).

– Cada 23 hs. una mujer es asesinada en nuestro país. Aún no existen estadísticas oficiales sobre la cantidad de femicidios y travesticidios que se registran. Desde la primera movilización por Ni una Menos las organizaciones de mujeres venimos exigiendo este derecho a contar con datos y cifras concretas. El Observatorio de violencia contra las mujeres (destinado al monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia contra las mujeres) aún no cuenta con estadísticas elaboradas.

– La expectativa de vida de travestis y trans en Argentina es de apenas 40 años. Exigimos la aprobación del cupo laboral trans en todo el país, cumplimiento de la Ley de Identidad de Género y el proyecto de Ley “Reconocer es Reparar”. Basta de homolesbobitransfobia! Diana Sacayán, Pepa Gaitán presentes! Justicias por todas las lesbianas, travestis y trans asesinadas.

– Rechazamos el proyecto de Ley de Libertad Religiosa ya que pone en peligro otras leyes por las que hemos luchado durante años. Jerarquiza las creencias religiosas por sobre el derecho a la salud de las mujeres. Conquistas y derechos como la  ESI, el Matrimonio igualitario, la Ley de Identidad de Género corren el riesgo de no verse implementadas al amparo de la Ley de Libertad Religiosa. Exigimos separación de las Iglesias y el Estado!

– Denunciamos que la ESI hoy se encuentra en peligro. Nación ya no destina en su Presupuesto ninguna cifra para garantizar la Ley en todo el país. Entendemos que la ESI es la mejor herramienta para prevenir y trabajar en niñxs y jóvenes temas tan importantes como la violencia de género. SIN ESI NO HAY NI UNA MENOS.

  • El presupuesto nacional 2017 recorta un 7% en Educación y Cultura
  • Prevé un recorte de 24 % en Formación Docente (INFD), lo cual limita   fuertemente los recursos para capacitar en ESI

Prevé   un recorte de 40% en “Gestión educativa y Políticas Socioeducativas” del que depende ESI.

– Exigimos libertad inmediata a Milagro Sala tal como lo reclama el Grupo de Trabajo sobre Detenciones arbitrarias y la ONU. También reclamamos la libertad para todxs lxs presxs políticos por luchar y absolución inmediata de lxs procesadxs por luchar.

– Denunciamos que no se respetan las reglas de Mandela para cumplir con las normas mínimas para personas detenidas. Se obstaculiza el acceso a medidas alternativas a la prisión y se institucionalizan niños y niñas mientras sus madres están en prisión. Basta de traslados coactivos de presas Federales de la Provincia de Santa Fe.

– Exigimos que el Estado Nacional intervenga sobre el uso de agrotóxicos en distintos lugares del país ya que los mismos afectan más a la salud de las mujeres y niñas, como lo señaló la CEDAW. El Comité también observó con preocupación que las mujeres de pueblos originarios en Argentina se enfrentan a formas específicas de discriminación y puso el foco en los desalojos forzosos de tierras en regiones como Gran Chaco. También se cuestionamos el acceso limitado de las mujeres al agua.

-Denunciamos y rechazamos el Programa impulsado por Carolina Stanley Ministra de Desarrollo Social “Belleza por un Futuro” ya que refuerza estereotipos patriarcales subestimando a las mujeres y sus capacidades. Se suma a esto que los convenios con las empresas de ninguna manera garantizan trabajo genuino.

– Exigimos el cumplimiento efectivo de la Ley Nacional 25.929 de Derechos de Padres e Hijos durante el Proceso de Nacimiento (o de Parto Respetado). Esto incluye destinar el presupuesto necesario y establecer programas de capacitación y formación para todxslxstrabajadorxs de salud como así también de información para la sociedad en general.

– Exigimos la implementación y multiplicación de campañas de difusión para la población y de formación para lxstrabajadorxs de atención de la salud tendientes a eliminar la violencia obstétrica y ginecológica en los términos de la Ley Nacional 26.485 de Protección integral a las mujeres.

–  Reclamamos el cumplimiento de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. En particular respeto a los artículos 3m y 71 e incorporación a este último de la ley 26743 de Identidad de Género. Continuidad de Cintia Ottaviano en la defensoria del público.

Al gobierno provincial:

  • Estando en pleno proceso de estudio la Ley del Presupuesto General de la Administración Provincial para el Ejercicio Fiscal del año 2017, exigimos a las comisiones de ambas Cámaras que tengan a su cargo el estudio del mencionado proyecto que puedan revisar con detenimiento y responsabilidad las partidas previstas para los programas de Atención y Prevención de la Violencia de Género, realizar su análisis y eventualmente las reformas previas a su aprobación. Con alarmante asombro observamos que el proyecto que fue presentado por el Ejecutivo a la Cámara de Senadores para su tratamiento legislativo el día 3 de octubre de 2016, de ser aprobado tal como está, solo asignará un 0,03 % del gasto total fijado para la Administración Central al abordaje de la violencia hacia las mujeres. Consideramos que dicha asignación es absolutamente insuficiente para permitir que se hagan efectivas las políticas que promuevan la igualdad y el avance en la erradicación de la violencia en todo el territorio provincial. Es indispensable que el compromiso político de todos los sectores del gobierno provincial sea reflejado en una correcta y coherente asignación del presupuesto.
  • La efectiva aplicación de la Resolución Nº 0001-2012 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia que otorga prioridad en el acceso a vivienda, salud y trabajo a las mujeres víctimas de la violencia de género, y a personas que por orientación sexual o identidad de género sufran de discriminación o violencia familiar, institucional o de cualquier otro tipo. Exigimos que se apruebe a nivel provincial el cupo laboral trans.
  • Que en cada efector público de salud se realicen los abortos no punibles conforme el artículo 86 del Código Penal Argentino. A este fin, consideramos que, si la jefa o el jefe de cada servicio forman parte del registro de objetores de conciencia, es muy probable que sus creencias religiosas o convicciones morales obstaculicen la aplicación del protocolo e incidan mediante coerción en las médicas y médicos subordinadas/os. Por lo tanto, exigimos que los jefes o jefas de cada servicio no formen parte del registro de objetores de conciencia para, de este modo, garantizar a las/los ciudadanas/nos el acceso al derecho a la salud y evitar que las jefas o jefes violen sus deberes de funcionaria/o pública/o.
  • Que el Estado provincial garantice la atención de salud integral con perspectiva de género para mujeres, lesbianas, bisexuales y trans, en pos de la eliminación de la violencia ginecológica en general y obstétrica en particular, con planes de formación permanente para los y las profesionales de la salud. Además, exigimos la adhesión a la Ley 25.929 de parto respetado, que ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Provincia y espera ser tratada por el Senado.
  • Que la policía recepcione conforme a derecho las denuncias de delitos originados en la violencia de género, que acuda al lugar prestamente cuando se reciben llamados al 911 por violencia de género y fundamentalmente exigimos protección policial efectiva a las víctimas cuando hay dispuestas medidas judiciales de prohibición de acercamiento o exclusión ya sea que cuenten o no con botón de pánico.

Al Poder judicial de la Provincia de Santa Fe

*Formación obligatoria en derechos humanos, diversidad sexual, igualdad y violencia de género, de quienes integran el poder judicial: camaristas, jueces, fiscales, defensores/as y empleados/as judiciales.  Es recomendable establecer un puntaje para evaluar dicha formación  en los concursos para el ingreso o el acceso a cualquier cargo de funcionario/a dentro del Poder Judicial.

*Efectivo  cumplimiento de lo establecido en la ley 26.485 en cuanto a la prohibición de utilizar la mediación en los casos de violencia contra las mujeres.

*Cese de utilización del falso SAP (síndrome de alienación parental), argumento patriarcal de justificación de la violencia sexual ejercida contra la infancia,  por parte de los y las jueces de familia y penales.  Dicho síndrome ha sido desautorizado ya por colegios profesionales y especialistas en la materia de nuestro país y del mundo.

*Otorgamiento de garantía efectiva de acceso a la justicia,  patrocinio gratuito y especializado de las víctimas de violencia.

*Investigación de los casos de femicidios y violencia en todas sus manifestaciones, desde una perspectiva de género, con responsabilidad, diligencia, aplicando las leyes vigentes, sin preconceptos, estereotipos o discriminaciones, garantizando asimismo la igualdad de trato de mujeres trans, lesbianas y bisexuales. Quienes ejercen violencia deben ser castigados de modo de reducir la impunidad.

*Privación de los derechos derivados de la responsabilidad parental a quienes cometen femicidios,  supervisión  del derecho de comunicación de las personas violentas con sus hijas/os,  y de las restricciones de acercamiento y exclusiones de hogar de quienes agreden.

*Implementación de un protocolo para investigar, juzgar y sancionar los hechos de violencia con perspectiva de género y diversidad sexual.

*Creación de un Observatorio de Sentencias en el ámbito de esta Corte, que revise las sentencias provinciales con perspectiva de género y diversidad sexual.

Al Gobierno Municipal

*Mayor presupuesto destinado a políticas de género, claridad en los datos de ejecución, cumplimento del principio de  publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información de todos los ciudadanos; se incluya en el presupuesto 2017 al Instituto Municipal de la Mujer (IMM) y se regularice su estructura funcional (actualmente acéfala en la dirección).

*Mayor cantidad de personal idóneo para integrar los equipos interdisciplinarios en la atención directa en los casos de violencia de género, en condiciones dignas de labor (contratados como planta permanente bajo el régimen de  empleo público) y  no precarización. Espacios de formación de trabajadoras y trabajadores donde se incluya la perspectiva de género como eje transversal y como modo de prevenir la violencia institucional, exigimos  el cumplimiento de la ordenanza 9110 que crea el programa de Capacitación y formación para trabajadores en violencia de género para prevenir la violencia institucional.

*Denunciamos la falta de seguimiento de las medidas excepcionales dictadas por la justicia, efectividad y rapidez  en las notificaciones de las mismas. Eliminar las trabas administrativas en el  otorgamiento del dispositivo de “Botón antipánico” mediante la adquisición directa por parte de la Municipalidad  en un caso de riesgo, y la pronta implementación de las “pulseras electrónicas” para víctimas de violencia de género, decreto 45148.

Justicia sin estereotipos de género  para Vanesa Soledad Celma, Yamila Sotelo, Rocío Segovia, Paula Perassi: Candela Coti Olmos, Vanesa Zabala, Paola Gómez,  Analía Mariela V,  Daniela Velázquez,  Jessica Do Santos, Laura Cáceres, Norma Cuello,. Bibiana Garcia, Jesica Balmaceda, Jesica Calegari, Samantha Fallo, Nancy Meana,  Mirian Edit Gonzalez,  Sandra Maciel, Edit Gonzales,  Ayelen Garay, Cintia Massaro, Brenda Pacheco, Daina Barrera, Nora Arriola, Mirian María Itatí Sanches y todas las víctimas de violencia de género.

CONVOCAMOS AL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD A ACRECENTAR LA MOVILIZACION POR UN PAIS, UNA PROVINCIA Y UNA CIUDAD LIBRES DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, PERSONAS TRANS, LESBIANAS Y BISEXUALES,

EDUCACION SEXUAL PARA DECIDIR, ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR, ABORTO LEGAL PARA NO MORIR!

NI UNA MENOS, VIVAS NOS QUEREMOS!

*Comunicación CTA Rosario

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